Francisco Granados, junto a Ignacio González - JAIME GARCÍA
CORRUPCIÓN

La financiación B del PP de Madrid conecta Púnica y Lezo

Aguirre: «Puede que nos hayamos saltado el límite de dinero para la campaña»

MADRIDActualizado:

Los investigadores de la Guardia Civil aprecian un hilo conductor en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid entre los años 2007 y 2013, una operativa que daría continuidad a las causas Púnica y Lezo, los dos casos en marcha que abren en canal el corazón de la formación regional.

«Lo aquí investigado no se trata de un hecho aislado, sino que se viene produciendo desde las elecciones que tuvieron lugar en el año 2007, siendo este un punto más de esta continuidad», relata un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del sumario del caso Lezo, al que ha accedido ABC.

Petición de dinero

Ese «punto más» al que alude el informe es la petición de un millón de euros que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto cabecilla de la trama Lezo, solicitó a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la región (ICM), cuyo consejero delegado, José Martínez Nicolás, está imputado en esta investigación. Esa solicitud de dinero «para sanear las cuentas» del PP regional se realizó en una reunión que mantuvieron el 7 de junio de 2012. Los fondos que llegaron, a través empresas vinculadas de forma directa o indirecta con proveedores del PP, fueron 687.497,58 euros, de parte de Indra.

El informe de la UCO recoge las conclusiones alcanzadas en la investigación de Púnica -que el PP de Madrid manejó una contabilidad B de gastos electorales que revela la superación sistemática de los límites de gasto, en una caja opaca registrada en anotaciones del exgerente Beltrán Gutiérrez- y añade «un nuevo origen, directo o indirecto, de fondos»: la agencia ICM, que a partir de 2008 comenzó a depender de la Vicepresidencia y portavocía del Gobierno regional, entonces en manos de González.

La conexión entre Púnica y Lezo también se debe a la participación de un «entramado empresarial que servía a la puesta en práctica y enmascaramiento de servicios de campaña» con la intención de evitar los controles de la legislación electoral, una implicación que los investigadores sitúan entre 2007 y 2013. Un ejemplo serían las empresas de Óscar Sánchez Moyano, intermediarias para prestar servicios al PP de Madrid, según las pesquisas.

La solicitud de fondos de Ignacio González iba destinada a «sanear las cuentas» del PP

En su declaración tras ser arrestado por la operación Púnica, Martínez Nicolás reconoció que en 2014 solicitó 120.000 euros a Indra, a petición de Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia, que debían ir a parar a tres empresarios a los que el PP debía dinero: uno de ellos Alejandro de Pedro, experto en reputación digital y supuesto conseguidor de la Púnica.

Sobrecostes

El flujo de dinero entre Indra e ICM fue de 16,16 millones de euros en 2011; 13,24 millones en 2012 y de 15,07 millones en 2013. Un dinero que se canalizó a través de contrataciones con empresas ligadas a Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverría, en los que los investigadores aprecian sobrecostes que habrían financiado las deudas del PP. Para Madoz Echeverría eran 90.000 euros de los que Martínez Nicolas pidió a Indra, según los agentes.

Sobre los contratos de PriceWaterhouseCoopers (PwC) con ICM, también cuestionados, los investigadores aseguran que los datos no son concluyentes. Los ingresos de ICM provenientes de PwC entre 2010 y 2015 ascendieron a 8,37 millones de euros.

Ignacio González, junto a Esperanza Aguirre
Ignacio González, junto a Esperanza Aguirre - ÁNGEL DE ANTONIO

Otro punto de unión entre ambas tramas es Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP y encargado de manejar la supuesta caja B. Los investigadores recuerdan que Gutiérrez dependía del secretario general del partido, cargo ocupado entre 2004 y 2011 por Francisco Granados y entre 2011 y 2016 por Ignacio González.

Al argumentar que el PP madrileño superó de forma «sistemática» el techo de gasto de las campañas, los investigadores recogen una conversación entre González y Esperanza Aguirre, que dimitió como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid cuando estalló Lezo. Un mes antes, el 8 de marzo, Aguirre llamó a González cuando trascendió que la empresa ligada al partido, Fundescam, era investigada.

«Que nos hayamos saltao el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado...», le dijo Aguirre a González, quien respondió que «eso lo supervisa la Junta Electoral o quien sea y ya está, ¿no?». En el inicio de la conversación, González afirmaba que él cree que «Fundescam jamás ha estado en nada de nada». «Yo es que creo que como se decía de pequeño: frío, frío, frío, oiga», respondió Aguirre.