La etarra Iratxe Sorzábal no reconoce su implicación en dos atentados en Gijón

La Fiscalía solicita para ella 46 años de cárcel , 18 por cada uno de los dos atentados y otros diez por pertenencia a ETA, además de una indemnización superior a 300.000 euros para los damnificados, entre ellos el Ministerio de Justicia (277.962), el Ayuntamiento de Gijón (12.212) y otras personas y establecimientos afectados. La Abogacía del Estado y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación particular, comparten esa petición del Ministerio Fiscal.

Sorzábal, que no ha querido responder a las preguntas de la AVT, reconoce que fue miembro de ETA, pero no que participara en esos atentados de Gijón, pese a que así lo confesó ante la Guardia Civil cuando fue detenida en 2001 . Hoy se ha agarrado a una estrategia de defensa recurrente en otros etarras: renegar de su confesión inicial con el argumento de que no es válida porque, según ella, la hizo «bajo torturas».

En ello ha insistido esta mañana incluso entre sollozos, especialmente durante el turno de preguntas de su abogado. La Fiscalía, sin embargo, le ha recordado que tanto un juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial de Madrid ya archivaron su denuncia por esas supuestas torturas . La etarra, no obstante, confía en que la causa se reabrirá en breve porque, según dice, ha aportado más información.

Iratxe Sorzábal fue detenida en Francia en 1997, después de que la Policía francesa desmantelara dos pisos en este país que estaban siendo utilizados por ETA para, entre otras cosas, adiestrar a futuros miembros de la banda terrorista. Ella misma ha reconocido que desde el año anterior ayudaba a etarras a cruzar la frontera por Irún, donde vivía y trabajaba como profesora de una iksatola (escuela en euskera) y daba clases particulares en un local, en el que también llegó a alojar a otro etarra. Ha explicado también que alquiló más locales por órdenes ETA, por ejemplo en el municipio de Usúrbil.

Pasó dos años en una cárcel de Francia hasta finales de 1999, cuando las autoridades francesas la expulsaron del país. Volvió a España, se instaló en Hernani y trabajó en la después ilegalizada Gestoras Pro Amnistía denunciando supuestas torturas a etarras. Hasta que la Guardia Civil la detuvo en 2001 gracias a la investigación que se inició tras las pistas surgidas en Francia y durante la cual se recabaron distintas pruebas en el registro de su vivienda, además de llamadas telefónicas, alquileres de locales por importes sospechosos para alguien con un sueldo de maestra y hasta mensajes cifrados en el extinto periódico proetarra 'Egin'.

Otro etarra detenido justo antes, Aitor Olaizola, identificó a Sorzábal como la persona que le había captado para entrar en ETA. Las fuerzas del orden también la vincularon con un 'talde' (o grupo de apoyo) del Comando Donosti , encargado de atentar en el País Vasco, por lo que ya en 1999 informaron de todo ello a la Audiencia Nacional. Así lo han explicado los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que participaron en la investigación, detención y confesión inicial de esta etarra durante su comparecencia como testigos en el juicio de hoy.

Tras su arresto en España en 2001, quedó en libertad y huyó de nuevo a Francia, donde se reincorporó plenamente a ETA. En 2006 y 2013 la Justicia francesa la condenó en rebeldía hasta que fue detenida otra vez en 2015. Desde entonces permanece en prisión en Francia , que el pasado mes de enero la entregó a España para que fuera juzgada por esos dos atentados de Gijón.

Buena parte de la primera sesión se ha centrado en una carta escrita por la propia Sorzábal en la que explica de su puño y letra lo que había reconocido a la Guardia Civil «bajo torturas durante cinco días», según ella. Como ha explicado uno de los inspectores de Policía Nacional, todos los etarras detenidos tenían la «obligación imperativa» y bajo amenazas de represalias de informar por escrito para que ETA supiera qué información comprometedora habían confesado a las fuerzas del orden.

El mismo inspector ha señalado que la carta de Sorzábal a ETA es «una de las más detalladas» que ha visto en su trayectoria profesional, hasta el punto de que en ella la propia acusada menciona su participación en otros atentados que las fuerzas de seguridad desconocían, como la quema de una sucursal de Mapfre en Irún en 1993, tres años antes de la fecha en la que supuestamente entró en ETA. Sorzábal, por su parte, ha insistido en que esa carta no es ninguna «autocrítica» , como se denomina en el argot policial, sino otra forma de denunciar a ETA esas supuestas torturas que, según ella, le habían obligado a confesar.

El juicio en la Audiencia Nacional contra Iratxe Sorzábal por las dos explosiones de Gijón y su pertenencia a ETA, reconocida por ella misma, continuará mañana.