El Ejecutivo zanjará el órdago secesionista en la Generalitat

En el escrito remitido al Senado, el Gobierno garantiza la seguridad jurídica de todos los funcionarios públicos o empleados sujetos a la Generalitat, frente a expedientes sancionadores por acatar la ley en contra del «proceso» secesionista.

El órgano o las autoridades designadas por el Gobierno ejercerán las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y servicios digitales. En concreto, en los que se refiere a la televisión pública catalana , la TV3, el Gobierno «garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial;así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía».

El presidente Rajoy confirmó, en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que el Ejecutivo asumirá las funciones que tenía la Generalitat de Cataluña sobre los medios públicos de comunicación, entre ellos, TV3. Fuentes del Ejecutivo apuntaron que previamente se analizará si el actual director de TV3, Vicent Sanchís , cumple las medidas acordadas o no por el Consejo de Ministros y que serán aprobadas por el Senado el viernes 27.

«Si Cataluña se independizara, se produciría un empobrecimiento de su economía de entre el 25 y el 30 por 100 del Producto Interior Bruto , resultando una coyuntura económica insostenible», advirtió el presidente Rajoy. Por eso, las medidas habilitan al Gobierno de la Nación a ejercer «las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera».

El Gobierno garantizará que la totalidad de los fondos transferidos a la Comunidad no se destinen al proceso secesionista, y que los ingresos que recauda la Comunidad tampoco se destinen a actividades o fines relacionados con ese desafío.

Al acordarse la destitución del presidente de la Generalitat y del consejero del Interior y de las autoridades dependientes, el ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación. Desde el Ministerio del Interior «se podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento» a los miembros de la Policía Autonómica, los Mossos d’Esquadra.

El Gobierno podrá acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación de los Mossos.

En el escrito que votará el Senado se subraya que «en el caso de que sea necesario», los miembros de los Mossos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Ese punto podría afectar directamente al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero .

En caso de incumplimiento de instrucciones u órdenes, el Gobierno podrá proceder a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

El Parlamento autonómico, cerrado a cal y canto por los independentistas, volverá a abrir y a ejercer su función representativa. Los diputados mantienen sus actas, incluida la activista secesionista Carme Forcadell , presidenta de la Cámara. Pero la Cámara no podrá aprobar iniciativas que vayan contra las medidas aplicadas al amparo del artículo 155.

Las facultades de seguimiento y control sobre las tareas que ejerzan las autoridades designadas por el Gobierno, para aplicar las medidas aprobadas por el Senado, corresponderá al Senado.

Las propuestas de resolución para la acción política y las declaraciones institucionales no podrán dirigirse a las autoridades designadas y deberán ser conformes a la Constitución.

Las proposiciones de ley, propuestas de reforma del Estatuto o propuestas de reforma del Reglamento, así como otras iniciativas y enmiendas deberán tener la conformidad del Gobierno, con derecho de veto.

La destitución del Gobierno autonómico en pleno supone el c ese automático del personal de confianza que depende de sus miembros. Además, con las medidas aprobadas, el 155 permite acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Generalitat, así como los de cualquier organismo, entres y entidades vinculadas a esta, y de su sector público empresarial.

En el mismo sentido, una vez acordado el cese del presidente, vicepresidentes y consejeros del Gobierno autonómico, desde el órgano designado por el Ejecutivo nacional se tendrá «la potestad de organización, creación, modificación y extinción de aquellos organismos y entidades públicas creadas o autorizadas por ley».

Además de modificar los Departamentos y estructuras orgánicas, las medidas habilitan al Gobierno de la Nación «para la creación de los órganos y el nombramiento o designación de las autoridades que sean necesarios para el ejercicio de las funciones y para el cumplimiento de las medidas contenidas en el acuerdo». El Gobierno también podrá dictar protocolos de actuación para instruir las actuaciones de las autoridades y personal.