Las cuatro razones del Gobierno para aplicar el artículo 155 en Cataluña

De esta manera, se exponen cuatro motivos o razones por las que se ha regido el Consejo para tomar una serie de medidas, toda vez que en el texto se recogen las dos vías de aplicación del artículo, en caso de que la Comunidad no cumpla con sus obligaciones constitucionales, en el que atente gravemente contra el interés de España; «Ambos concurren en el presente caso», recoge el texto. Las razones a las que alude son:

«Resulta imprescindible asegurar el respeto a la Ley y al ordenamiento constitucional, desde los derechos que ampara y hasta las obligaciones que establece, comenzando con su propio cumplimiento.» «Cumplir la Ley», prosigue el escrito, «es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para ele ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven».

Por eso, «es preciso, así, garantizar el funcionameinto del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña. Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía».

El objetivo de estas medidas también es «asegurar la neutralidad institucional, de forma que el interés general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos». «Sin embargo», prosigue el escrito, «el Gobierno de la Generalidad ha obviado el interés general de los catalanes en favor del ideario independentista de una parte de ellos».

«Estos anhelos soberanistas no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes, no pueden traducirse en un discurso único de imposición de la independencia y no puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido. Las instituciones, como reflejo de la sociedad, deben respetar la diversidad que tanto al enriquece. Y los ciudadanos catalanes tienen, como el conjunto de los españoles, el derecho a confiar en sus instituciones». Es preciso, concluye este punto, «asegurar que las instituciones del autogobierno actúan con normalidad y neutralidad, atendiendo al conjunto de los catalanes».

Hay que «responder de forma debida al interés general de todos los catalanes y garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica. Las incertidumbres generadas por las aspiraciones soberanistas han generado una amplia desconfianza, no solo en la propia sociedad, sino también en los agentes económicos, provocando el traslado de sedes sociales y fiscales de empresas , desincentivando inversiones y desmotivando el turismo, uno de los principales factores de crecimiento en Cataluña».

Por ello, el texto del Gobierno recoge las implicaciones comerciales, financieras y de financiación pública que suponen las pretensiones independentistas, como el «abandono de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio», la «salida inmediata de la Unión Económica y Monetaria» o la limitación de la «capacidad recaudatoria, en lo funcional y en lo efectivo, por la erosión de las bases económicas en un contexto de contracción económica o el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales», entre otros motivos.

El último de los objetivos que «justifica y fundamenta las medidas propuestas es preservar los derechos que las leyes otorgan a todos los catalanes y que las instituciones deben hacer efectivos».

En la situción actual, fuera de la legalidad constitucional, «los derechos y las libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y arbitrariedad de sus gobernantes . Un planteamiento absolutamente incompatible con las bases del sistema democrático que ampara la voluntad del conjunto de los ciudadanos españoles y catalanes desde hace cuarenta años».