Rajoy destituirá a todo el Govern y controlará el parlamento de Cataluña

Además, el Gobierno ha pedido al Senado que autorice proceder a l cese del presidente de la Generalitat , el vicepresidente y los consejeros. El ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos que a tal efecto designe el Gobierno de la Nación. Serán los ministerios los encargados de asumir esta responsabilidad.

La administración de la Generalitat de Cataluña continuará funcionando como organización administrativa ordinaria que ejerce funciones ejecutivas, y que el Estatuto atribuye a la Generalitat. Esta administración actuará bajo directrices de órganos o autoridades que designe el Gobierno de la Nación .

El Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa, pero para garantizar que se haga con pleno respeto al Estatuto y la Constitución se propone que el presidente del Parlamento de Cataluña no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat, ni que el Parlamento pueda celebrar un debate de investidura. El control corresponderá al órgano que designe el Senado, y no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatuto . El Gobierno tendrá un derecho de veto de 30 días.

Rajoy asume después en persona la competencia de disolver el parlamento catalán y de convocar elecciones autonómicas, y espera hacerlo en un plazo de seis meses. A partir de la celebración de comicios autonómicos en Cataluña, según ha enumerado el jefe del Ejecutivo, se abrirá una nueva etapa en la que «se respete la ley, los derechos, la convivencia, el bienestar y el empleo».

La aplicación del artículo 155 supondrá también que el Gobierno, o el órgano que designe para ello, asumirá el mando de los Mossos d'Esquadra, y también podrá el Ejecutivo cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político. El Gobierno central asumirá, por último, la totalidad de ingresos y gastos de la Generalitat para garantizar que «la totalidad de los fondos» no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista.

El Pleno del Senado que aprobará el permiso solicitado por el Gobierno para aplicar diversas medidas en Cataluña tendrá lugar el viernes 27 de octubre por la mañana, a las diez, de manera que el Consejo de Ministros semanal que habitualmente comienza a esa hora se reúna por la tarde, concluido el Pleno, y las haga ya efectivas.

La Mesa del Senado se ha reunido este sábado para dar entrada a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. Se ha confirmado que la comisión que debatirá el asunto se constituirá el martes a las 13 horas y que dará un plazo hasta el jueves por la mañana a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, para que presente alegaciones o incluso acuda al Senado a defenderse.

El presidente del Gobierno ha asegurado también que desde la Generalitat de Cataluña «nadie planteó nunca el diálogo, lo que se ha planteado es una imposición». Rajoy ha subrayado que la Generalitat «pretendía imponer al Gobierno que hiciera algo que sabían que no iba hacer y que, además, no podía hacer».

El presidente ha recordado que se invitó al presidente catalán, Carles Puigdemont, al Parlamento «y no quiso», se le invitó a la Conferencia de Presidentes «y no quiso» y a hablar de la financiación autonómica «y tampoco quiso».

Por ello, Rajoy ha lamentado que lo único que hizo Puigdemont fue «liquidar la ley» y poner en marcha sin tener competencias «una legalidad paralela». Y ni siquiera el diálogo del que tanto hablaba, ha dicho Rajoy, se practicó con la mitad de los diputados del Parlament, «a los que no se dejó intervenir».

El presidente ha asegurado también que uno de los motivos para aplicar el 155 en Cataluña es «continuar la recuperación económica», y que las consecuencias de la independencia llevarían a la autonomía a un «empobrecimiento» al perder «entre el 25 % y el 30 %» de su PIB. Rajoy ha tachado de «preocupantes» los datos que muestran que más de 1.000 empresas han trasladado desde el referéndum ilegal del 1 de octubre sus sedes fuera de la región, y ha pedido «que no se vayan más empresas ni se vayan más depósitos» de Cataluña.

Entre ellas, han trasladado sus sedes las entidades financieras, como CaixaBank y Banco Sabadell, ya que en caso de independencia «las facilidades que da el Banco Central Europeo (BCE) desaparecerían» y, por lo tanto, ha defendido que los bancos actúan «en defensa de sus propios intereses, de los trabajadores y los depositantes».

Asimismo, Rajoy ha denunciado que «se ha faltado a la verdad» sobre los «efectos beneficiosos» para los catalanes de una posible independencia, ya que en ese caso «abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de relaciones comerciales». Con ello, ha continuado, se aplicarían controles aduaneros, y ha recordado que el comercio exterior supone «más de la mitad» del PIB catalán.

Además, ha indicado que con las acciones de la Generalitat "se han desincentivado las inversiones" extranjeras y nacionales, "se ha desmotivado el turismo", cuyo peso en la economía catalana ha resaltado, y habría "un problema de contracción del crédito", así como una "inflación desproporcionada", que llevarían a una coyuntura económica "insostenible".