Defensas del «procés» presionan al Supremo para que tramite los indultos con la «máxima celeridad»

En su escrito, registrado pasados seis minutos de las dos de la tarde, el abogado Jordi Pina señala que ve «con cierta desazón» cómo el Tribunal «no está tramitando los expedientes de indulto con la celeridad habitual con la que ha solido resolver las peticiones o recursos que se han interpuesto por algunas de las partes» y reprocha al tribunal que la propia defensa «se haya visto en la obligación de tener que asumir el rol de tramitador o "impulsador" de los expedientes de indulto». Tres meses después de la formación de dichos expedientes, dice, «todavía no se ha evacuado el trámite previsto en los artículos 24 y 25 de la Ley reguladora del indulto». «Es más, y dicho sea con los debidos respetos, lo cierto es que la injustificada lentitud con la que se están tramitando (...) parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos». En estos momentos, y con los informes de Prisiones, de Vox y la Fiscalía ya redactados, sólo quedan el de la Abogacía del Estado (personada como perjudicada por la malversación) y el del propio tribunal del «procés».

Tras aludir a la «injusta y desproporcionada pena» de sus clientes, condenados los tres por sedición y uno de ellos (Turull) también por malversación, la defensa apunta a que la tramitación del indulto debería operar «bajo las máximas de celeridad» , especialmente «teniendo en cuenta que nuestros representados se encuentran privados de libertad». Como informó hoy ABC, la celeridad a la que apunta Pina si bien es exigible en casos de presos preventivos no lo es en procedimentos en el que, como el presente, los presos lo son por una condena firme (y unánime). Y el Supremo, aparte de estos, tiene más indultos sobre la mesa.

En su afán por que los presos puedan hacer campaña y forzar al Ejecutivo a un pronunciamiento rápido una vez cumplidos los trámites formales del indulto —como informó hoy ABC—, Pina insta al Tribunal a que emita su informe en paralelo al de la Abogacía del Estado y sin esperar a que ésta lo cumplimente para luego redactar el suyo. Los servicios jurídicos del Estado actuaron en representación de los intereses del Estado por el dinero malversado.

De igual forma, pide al Tribunal que los escritos de Vox, desfavorables al indulto, «se tengan por no presentados», pues, según dice, en la ley que regula esta medida de gracia no se contempla que la acusación popular participe en este trámite. «Si el legislador hubiere querido que la acusación popular participara en la tramitación de los expedientes de indulto, habría podido modificar el tenor de la ley para permitir su intervención», argumenta, y no lo ha hecho.