Cuestión de libertad

Basta echar un somero vistazo a las reacciones surgidas tras el fallo del TSJC para comprobar que la Generalitat ha ganado el pulso, vanagloriándose de que los jueces accedan a recortar los derechos de los alumnos castellano-parlantes. Porque más allá de una mera cuestión de interpretación jurídica, lo que se cercenan son derechos y libertades. Es cierto que las familias pueden solicitar a un juez, como complemento de un sistema educativo perverso, una educación en castellano para sus hijos. Pero como una suerte de anexo a la norma general; no como una norma general en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Si un lugar, como Cataluña, en el que la lengua de origen declarada por seis de cada diez ciudadanos es el castellano, decide proscribir esa lengua -la oficial del Estado español, para más señas- como algo residual, es que algo muy serio no funciona. Con todo, lo peor no es que no funcione; es que haya organismos públicos y poderes políticos cuya principal actividad consiste en que no funcione. O que funcione exclusivamente en una dirección. No es una simple cuestión jurídica por más que el TSJC se empeñe en que el Tribunal Supremo ha "descontextualizado" la norma política. Es una cuestión de estricta libertad. Los resortes jurídicos para que el Supremo vuelva a enmendar la plana al Tribunal Superior catalán están abiertos; entretanto -y no es que la Justicia en España sea rápida precisamente- habrá al menos 500 familias que continuarán en un notorio desamparo, enredados en papeleos administrativos y sometidos al caprichoso vaivén de recursos eternos mientras sus hijos crecen sin poder ejercer en su plenitud el derecho a recibir educación en su propia lengua,