Covite reclama equiparar las indemnizaciones del Estado para todas las víctimas del terrorismo

Esta ley, que se aprobó durante los últimos meses del Gobierno de Zapatero, prevé distintas cantidades que la administración reconoce y abona a todas las víctimas, aunque el límite máximo varía considerablemente dependiendo de si los tribunales de Justicia han podido resolver o no el atentado en cuestión.

Esa ley de 2011 elevó las cantidades que antes se regulaban con otra de 1999, durante el primer Gobierno de Aznar, en virtud de la cual el Estado indemnizaba con unos 400.000 euros a las víctimas con una gran invalidez y con unos 140.000 a las familias con un fallecido como consecuencia de un acto terrorista.

La ley vigente en la actualidad y pendiente de ser reformada elevó a 500.000 y 250.000 euros sendas cantidades y en proporción similar las de incapacidades permanentes en distintos grados o por lesiones menos graves. Tras la aprobación de esa norma de 2011, todas las víctimas –con independencia de que su caso estuviera juzgado o no– cobraron esos importes en función de los daños que sufrieron.

La diferencia surge con las víctimas o familias que cuentan con sentencias firmes cuyas indemnizaciones superan esas cantidades. En esos casos el máximo de la responsabilidad civil que asume el Estado es mayor que en el resto. Por ejemplo, otros 250.000 euros más para los grandes inválidos y familias con asesinados, cuyos límites llegan a 750.000 y 500.000 euros.

Es decir, un 50 por ciento más y el doble, respectivamente, que para aquellas víctimas cuyos atentados no han podido ser resueltos por la Justicia, sobre todo por la imposibilidad de identificar o acusar a ninguno de los culpables materiales o intelectuales. Covite recuerda que casi 380 asesinatos de ETA, más del 40% de los cometidos por la banda terrorista, se encontrarían en esta situación.

Consuelo Ordóñez explica a ABC que esa es la prioridad de su asociación para la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, que se inició en marzo de 2018, durante los últimos meses del Gobierno de Rajoy, y que asumió el de Pedro Sánchez al sucederle hace ya cuatro años.

La pretensión de Covite es que todas las víctimas, aunque su caso no haya sido resuelto en los tribunales o estos impongan cantidades inferiores, cobren el límite máximo previsto en la ley de 2011 . Es decir, 250.000 euros más para las familias con grandes inválidos y asesinados por ETA de lo que ya percibieron tras la aprobación de esa ley.

Consuelo Ordóñez asegura que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, «está convencido» de la necesidad de incluir esta medida en la futura reforma de la ley actual, pero la principal dificultad es el coste económico que conlleva: unos 300 millones de euros , según los cálculos de Covite.

Esta asociación ha planteado a Interior la posibilidad de hacer ese desembolso en tres ejercicios –a 100 millones por año– e incluso asegura que ha trasladado esta reivindicación a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que se interesó por ella y quedó en responder.