Marlaska asumió en 2018 la propuesta de multar los homenajes a etarras

Fue en la recta final de su antecesor, el popular Juan Ignacio Zoido, cuando se dieron los primeros pasos para reformar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. En marzo de ese año, el ministerio abrió el trámite de consulta pública para que los interesados presentaran propuestas. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó, entre otras, una alegación para incluir un régimen de sanciones económicas con las que castigar esos actos que tanta humillación e indignación causan en cientos de familias españolas que han sido y siguen siendo víctimas de ETA.

Dos días después de la votación que provocó el cambio de Gobierno, el Ministerio del Interior –todavía con el PP, pero ya de salida– convocó a las asociaciones de víctimas para explicarles que había aceptado varias de sus alegaciones, entre ellas la del régimen sancionador propuesto por la AVT.

Apenas dos meses después, en septiembre de 2018, Marlaska se reunió por primera vez con estos colectivos, que le recordaron desde el principio la necesidad de continuar con esa iniciativa. El nuevo ministro se mostró totalmente de acuerdo y coincidió en que «esto tiene que salir». En ese momento, Pedro Sánchez y el PSOE renegaban públicamente de Podemos y Bildu, que poco después se convertirían en socios de gobierno y parlamentario, respectivamente.

No obstante, Marlaska ha mantenido ese compromiso, pero lo cierto es que, tres años y medio después, no hay avances y poco o nada se sabe al respecto. Tampoco las víctimas, a pesar de que el ministerio asegura estar trabajando con ellas en este asunto. Las propias víctimas lo desmienten. «No sabemos nada de cómo va la reforma de esa ley», explica la presidenta de la AVT, Maite Araluce: «En las tres reuniones con el ministro lo hemos puesto encima de la mesa y el ministerio nos ha dicho que 'ya estaba', pero no sabemos más» .

En la misma línea, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, niega que Interior esté tratando este asunto con su asociación: «Es mentira, no hay nada». Portero recuerda que «hemos solicitado cuatro reuniones con Marlaska y nunca nos ha recibido para hablar de este tema ni de absolutamente nada».

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) está en contra. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, exige la reforma de esa ley, pero insiste en que «la prioridad es la igualdad de todas las víctimas con las indemnizaciones» . Y es que el máximo para aquellas cuyo caso no ha sido resuelto por la Justicia es de 250.000 euros, la mitad que para aquellas que sí cuentan con una sentencia. Una «injusticia» que, según Ordóñez, afecta a la mitad de las víctimas.

Esta iniciativa sólo ha estado a punto de avanzar por la necesidad política del Gobierno en un trance puntual y que nada tenía que ver con el daño causado por ETA durante décadas. Y no fue hasta el mes pasado, cuando PSOE y Unidas Podemos (UP) constataron que sus socios preferentes, ERC, PNV y Bildu, no iban a apoyar en el Congreso la reforma laboral que el Gobierno había acordado con los sindicatos y la patronal. Eso le obligaba a buscar otros apoyos.

Descartados PP y Vox, al Gobierno no le quedaban muchas opciones ni margen para sumar una mayoría que le evitara un rotundo fracaso en una cuestión capital para PSOE y UP. Con ese panorama, sólo le salían las cuentas con el apoyo de otras formaciones minoritarias de la oposición, incluidos los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) . Poco antes de esa votación decisiva, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, entablaron una negociación con la dirección de UPN, que cristalizó sobre la bocina en un acuerdo de cinco puntos.

Uno de ellos era tramitar «en este periodo de sesiones» la mencionada medida «para terminar con actos de homenaje que son incompatibles con el respeto y dignidad que merecen las víctimas». Así figuraba en el acuerdo que ambas partes iban a firmar tras la votación de la reforma laboral, como explica a ABC el presidente de UPN, Javier Esparza.

Es lo mismo que la AVT ya propuso hace cuatro años y en lo que Interior lleva trabajando desde la etapa final de Zoido (PP). Pero con dos matices importantes. El primero, poner esta cuestión entre las prioridades del Gobierno, toda vez que desapareció del Plan Anual Normativo (PAN) hace dos años.

Este documento es la hoja de ruta legislativa del Ejecutivo para cada ejercicio y que una reforma no aparezca en ella no implica que no se pueda llevar a cabo. Pero sí denota que no está en los planes del Ejecutivo. La reforma estuvo en el PAN hasta 2020, cuando Podemos entró en el Ejecutivo y éste convirtió a Bildu en uno de sus socios preferentes.

Y la segunda clave, más importante que la anterior, consistía en concretar y acelerar en el tiempo lo que las víctimas llevan esperando desde que Marlaska llegó a Interior. El acuerdo recogía textualmente que esa reforma se empezaría a tramitar «en este periodo de sesiones» del Congreso de los Diputados. Es decir, antes del verano, ya que dicho plazo finaliza el próximo mes de junio . Pero todo se fue al traste porque al final el Gobierno no necesitó los votos de la formación navarra para sacar adelante su reforma laboral. Y ello fue posible gracias a sendos giros inesperados y repentinos en la propia UPN y en el PP.

El primero, porque los dos diputados navarros, César Sayas y Carlos García Adanero, no acataron lo que la dirección de su partido había acordado con el PSOE y votaron en contra, lo que dejaba en papel mojado el acuerdo entre el Gobierno y UPN . Y el segundo, porque el voto erróneo del diputado popular Alberto Casero permitió a PSOE y Unidas Podemos alcanzar por la mínima la mayoría que necesitaban para convalidar la reforma laboral.

El Ministerio del Interior asegura a ABC que su intención es llevar al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo «lo antes posible», aunque no especifica si prevé hacerlo antes del verano, como acordó con UPN. Insiste en que su «compromiso en este sentido es claro y firme» y que el objetivo es «no dejar ningún resquicio desde el punto de vista jurídico».