Las contradicciones, discordancias y errores en el real decreto ley sobre los fondos de recuperación

«Se aprecian discordancias en la delimitación del ámbito de aplicación (...) La determinación inequívoca de su ámbito es imprescindible para que su aplicación cuente con la necesaria seguridad jurídica».

«Cuando se refiere a la organización pública del Estado el término ‘Administración’ debería escribirse con mayúscula inicial (...). También debe escribirse con mayúscula inicial el término ‘Estado ’, en sus acepciones relativas a esta forma de organización política (...) No es apropiado a un texto legal la utilización de las siglas ‘CCAA’ para referirse a las Comunidades Autónomas».

«La redacción literal del precepto resulta innecesariamente ambigua en cuanto a la naturaleza de las iniciativas para cuya aprobación se está facultando al Comité Técnico (...) No queda claro si la alusión a las ‘bases para convocatorias de subvenciones o ayudas, convenios’ se estaría facultando a la Comisión para aprobar las referidas convocatorias».

«El artículo 2.2 otorgaría a este instrumento un alcance más amplio que el artículo 23, aplicándose a todos los proyectos financiados con los fondos europeos referidos, ya formen parte o no del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una cuestión que parece imprescindible aclarar».

«En cuanto a la aplicación automática de la tramitación urgente (...) aunque supone una medida de simplificación al reducir a la mitad los plazos de evacuación de los trámites internos exigibles, también comporta una limitación de la participación pública en la propuesta».

«Las referencias a los fondos europeos carecen en algunos casos de uniformidad. Según el precepto que tomemos, encontramos referencias al ‘Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia’, al ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’, al ‘Instrumento Europeo de Recuperación’, a los ‘Fondos de los Planes Next Generation’, etc. La unificación de las referencias parece imprescindible (...) y su identificación clara, precisa y unívoca es necesaria para mantener la seguridad jurídica».

«Teniendo en cuenta que, posiblemente, la UE imponga la adopción de medidas de evaluación de la ejecución de los fondos (...) se estima muy conveniente que este aspecto esté regulado de la manera más clara y precisa posible».

«En algunos supuestos se aprecia una contradicción entre estos dos preceptos conculcando las competencias de las Comunidades Autónomas». « El artículo 2.2 no sería correcto al declarar de aplicación ‘a cualesquiera de las entidades del sector público ’ y sería parcialmente contradictorio con la declaración en la disposición final primera del carácter no básico del ‘capítulo I del título IV (...). Se opte por una u otra solución, la definición del ámbito de aplicación de las medidas debería ser clara».