Consenso en los cuatro grandes partidos para negociar el alcance de la reforma constitucional

Fuera de esta decisión de ponerse en marcha no existe aún un calendario concreto . Tanto PSOE como Ciudadanos coinciden en mirar a enero como mes más propicio para comenzar los trabajos pero aún no hay ninguna iniciativa registrada al respecto. Éste es un paso fundamental para que los grupos acuerden en qué formato se va a producir esa definición de los asuntos a reformar. Los socialistas abogan por la creación de una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, mientras que Ciudadanos es más proclive a crear una mesa de partidos. En la práctica no dista mucho una propuesta de otra pero la existencia de ambas ilustra la gran necesidad de consenso y el largo recorrido que esta operación e intento de reforma tiene por delante.

De hecho, todos los partidos son conscientes de que el proceso no será fácil e incluso puede quedar atascado en el camino o limitado solamente a las cuestiones más formales. Y es que son varios los obstáculos que tendrá que sortear esta reforma antes de convertirse en realidad. La principal, la enorme distancia de partida que abre la inclusión de un referéndum exigida por Podemos y los partidos independentistas que, en ningún caso, aceptarán PP y Ciudadanos. En mayor o menor medida, PP, PSOE y Ciudadanos se reconocen recíprocamente la capacidad de ceder para llegar a transacciones. Pero todos dudan de la intención de concordia que exhibirá la formación morada. Su papel en que la reforma salga adelante o sea más o menos profunda no es baladí ya que es la tercera fuerza política de la Cámara Baja. La otra incógnita son los partidos independentistas: ERC, EH Bildu, el PDECat (la antigua Convergència). Solo el desarrollo de los acontecimientos podrá determinar si admitirán mejorar el texto cediendo en la convocatoria del referéndum o si su intransigencia obliga a no tocar el modelo territorial, desaprovechando una oportunidad que quizás tarde en volver a producirse. Y es que nadie duda de que uno de los ingredientes que han alumbrado ese consenso en torno a iniciar la reforma de la Constitución es la gran fragmentación de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Una condición que no se había producido hasta ahora y que nadie sabe si nos acompañará durante los próximos años o tardará en repetirse.

Junto al referéndum hay otras materias que pueden generar cierta fricción entre los grupos. Así, por ejemplo, el PSOE desea elevar la protección de los derechos sociales pero el PP, aunque no ha fijado aún el objetivo de su reforma, no ve necesario modificar ese articulado por la vinculación que conlleva. Los puntos que, a fecha de hoy, parten con más posibilidades de ser incluidos son los que se encuentran en el acuerdo de investidura firmado entre PP y Ciudadanos. Los más importantes, la eliminación de aforamientos para cargos o representantes públicos y los cuatro puntos sobre los que ya informó el Consejo de Estado: fin de la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, inclusión del nombre de las comunidades autónomas, reforma del Senado y desarrollo del vínculo con la UE. Pero, a juicio del PSOE, esta propuesta se queda corta. Desde el PP se insiste en que no se puede plantear la reforma de la Constitución como la fórmula mágica que solucione todos los problemas de los ciudadanos, y recuerdan que nuestro ordenamiento está previsto para el desarrollo de leyes orgánicas que, directamente, tienen capacidad de impactar en la vida de los ciudadanos y mejorarla.

Además, y aunque al alumbrar la Constitución de 1978 aquellas Cortes mostraron que la cesión y la transacción son el secreto para alcanzar un texto en que sienta representada la mayoría, los partidos caminarán a ciegas en cuanto a la casuística de esta reforma. Entonces, los grupos políticos buscaban un tránsito a la democracia desde una dictadura, pero ahora no es el sistema político el que está en cuestión . La democracia española está consolidada pero afronta una crisis en distintos ámbitos, como el social, el económico y el territorial.

Otra circunstancia que puede retrasar o dificultar esa llegada a un consenso es la situación interna del PSOE . Esta formación insiste en que todos los socialistas están de acuerdo en la dirección que tiene que seguir la reforma constitucional porque no hay ninguna fisura en la reforma federal. Pero tanto los populares como C’s creen aventurado pensar que el nuevo secretario general del partido no querrá introducir ninguna modificación en una posición que emana de la Declaración de Granada firmada hace ya tres años. Todo hace pensar que el camino se extenderá hasta el final de la legislatura .