El Gobierno esperará al congreso del PSOE para la reforma constitucional

El Gobierno se mueve con muchísima prudencia en estos primeros compases previos a la reforma constitucional. Estamos ante una «nueva etapa», como reconoció la vicepresidenta, en la que se impone el diálogo y el acuerdo entre los partidos y las administraciones, y el Gobierno no está en condiciones, por su minoría parlamentaria, de fijar por sí solo la agenda política y parlamentaria. Su socio principal, Ciudadanos, quiere reformar la Constitución -«reformamos o morimos», llegó a decir Albert Rivera - y el PSOE también, así que el Ejecutivo, que necesita sus votos, está dispuesto a hablarlo, como quedó ayer demostrado.

Después de subrayar que es necesario mejorar y reforzar la colaboración y cooperación con las Comunidades, Sáenz de Santamaría afirmó que «indudablemente nuestro sistema autonómico es perfectible ». «Si el consenso, la búsqueda de esa concordia es nuestra guía, acertaremos, hagamos lo que hagamos. De otro modo, corremos el riesgo de malograr lo que hace casi cuarenta años supimos construir con generosidad y sin sectarismos», sostuvo.

El Gobierno ve imprescindible que haya consenso «de salida» para saber lo que se quiere reformar, y «de llegada», para evitar riesgos. Como informó ayer ABC, en La Moncloa ven con buenos ojos la «música» de la Declaración de Granada del PSOE de Rubalcaba, en 2013, que fijaba las líneas de su política territorial. No comparten el término «federal», pero hay terreno suficiente para que se juegue el partido.

Pero la prudencia que reclama el Gobierno tiene sus tiempos. Rajoy no quiere una reforma constitucional inmediata. Fuentes de La Moncloa explicaron a ABC que primero habrá que esperar al Congreso Federal del PSOE, sin fecha todavía, para ver «qué Partido Socialista sale» y qué defiende exactamente.

En el Gobierno no sentó nada bien ayer que el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara , anunciara que su grupo presentaría una iniciativa para crear una subcomisión de estudio sobre la reforma constitucional. Al Ejecutivo no le parece mal la idea, lo que no le ha gustado es que el PSOE lo proponga de forma unilateral. «Nos gustaría plantear esa subcomisión, o el formato que se decida, pero de forma conjunta», advirtieron fuentes de La Moncloa.

Ahora, el Gobierno tratará de enfriar el debate , a la espera primero de que el PSOE resuelva sus asuntos internos, pero también de resolver otras «prioridades». La primera de estas es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, y el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea, pero también la respuesta al desafío independentista catalán. El Gobierno quiere centrarse en estos tres asuntos en los próximos meses, ver cómo cuajan y comprobar además hasta qué punto se pueden alcanzar acuerdos con el PSOE.

En el Partido Socialista dan la «bienvenida al cambio de talante» del Gobierno de Rajoy y exhiben su Declaración de Granada como punto de partida para afrontar la modificación de la Carta Magna en lo relativo al Estado de las Autonomías, aunque no se apean del carácter «federal» de su propuesta. Sáenz de Santamaría preguntó, sin respuesta, qué entienden por Estado federal y en qué se diferenciaría del Estado de las Autonomías, o si se trataría de un federalismo simétrico o asimétrico.

Por Ciudadanos, Albert Rivera defendió con fervor casi guerrero la reforma de la Constitución: «Pido ambición de reforma, reformar o morir, porque este país necesita modernizarse. Sean valientes. Está muy bien lo que logramos en 1978, pero es mucho más lo que nos queda por conquistar».

Con todo, la reforma que defienden el PSOE y Ciudadanos, y sobre la que podrían hablar con normalidad con el Gobierno del PP, no tiene nada que ver con la que quieren Unidos Podemos o los nacionalistas de distinto signo.

Pablo Iglesias, que es el portavoz de su grupo en la Comisión Constitucional, optó por no asistir a este debate , y dejó el protagonismo de su formación a Xavier Doménech, de En Comú Podem. La reforma se le queda pequeña, porque lo que defiende directamente es abrir un «proceso constituyente», empezar de cero, pero que incluyera el reconocimiento de un Estado plurinacional y del referéndum de independencia.

Francesc Homs, portavoz de la antigua Convergencia, sentenció que «ni Estado descentralizado ni puñetas». «Cuando ustedes reparten se quedan con la mejor parte, y dejan a las Comunidades a los pies de los caballos», lamentó.

La portavoz de ERC, Ester Capella, fue muy clara: que no se cuente con ellos para reformar la Constitución, porque no están «en esa línea» . Su idea de diálogo es esta: «Referéndum o referéndum». Y el PNV, que está en pleno proceso de acercamiento al Gobierno de Rajoy por lo que pueda sacar en los Presupuesto, evitó choques directos, pero sí se interesó por el término plurinacional y por la «flexibilidad» de la «indisoluble unidad de la nación española».