El Consejo de Estado propone informar a los padres si abortan menores

En concreto, y recogiendo lo que ya es un clamor en la mayor parte de sectores de la sociedad, el Consejo de Estado pide al Ejecutvo que se busque una fórmula para que los padres de las menores de 16 años que quieran abortar sean informados de las intenciones de su hija. Hay que destacar en este sentido el empecinamiento en mantener la redacción actual tanto de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, como del presidente del Gobierno, en contra incluso de las opiniones de varios miembros del Gabinete y de importantes cargos de su partido.

El ponente de la resolución, aprobada por unanimidad y que no será entregada hasta hoy al Ministerio de Igualdad, fue el ex portavoz parlamentario de Alianza Popular Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que curiosamente fue nombrado recientemente por el actual Gobierno para la sección correspondiente. Su nombramiento, al igual que el del ex ministro del PSOE Fernando Ledesma, no fue consultado por Zapatero con la oposición.

El texto aprobado reconoce la capacidad de decisión de las menores a la hora de abortar, pero insiste en que se busque la forma en que los padres sean informados. La Comisión Permanente también sugerirá cambios en lo que se refiere al «procedimiento informado» que se debe seguir antes de la interrupción de un embarazo.

La próxima semana

En los próximos días el Gobierno estudiará las sugerencias planteadas por todos los órganos que se han pronunciado sobre la ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, previsiblemente la próxima semana.

El del Consejo de Estado era el último trámite que debía pasar el anteproyecto antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros y de que comience así su tramitación parlamentaria.

Las fuentes del Consejo consultadas señalan que el anteproyecto ha sido estudiado sólo por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dirige el consejero permanente Miguel Herrero de Miñón y que ha sido la encargada de elaborar el informe que debatió ayerla Comisión Permanente. Ese informe se ha hecho al margen de los letrados de la institución, un hecho sin precedentes. Lo habitual es que sean los expertos quienes redacten la propuesta y luego los consejeros, normalmente ex políticos, quienes la aprueben o no.

La razón por la que es la Comisión Permanente y no el Pleno del Consejo de Estado el que ha aprobado la resolución reside en la que la ley fue enviada por el trámite de urgencia, algo que las mismas fuentes consideran poco ortodoxo y que sin embargo es moneda común en el actual Ejecutivo.