El Congreso da luz verde a reformar la Ley de Secretos Oficiales y pide derogar la Ley de Seguridad Ciudadana

Se trata de una proposición de ley impulsada por el PNV que persigue sacar a la luz todos los secretos que el Estado mantiene guardados bajo llave anteriores a 1999, ya que el mismo texto aboga por una aplicación retroactiva. Esto es, todas aquellas materias se encuentren protegidas por el secreto oficial desde hace 25 años tendrían que ser reveladas a la entrada en vigor de esta ley.

El texto sólo permite que, de manera excepcional y justificada, el Consejo de Ministros amplíe la clasificación de los asuntos considerados secretos por un periodo adicional y máximo de diez años, con lo que la protección podría alcanzar los 35 años en total, pero ni un día más . Las materias reservadas no podrán beneficiarse en ningún caso de esta ampliación.

La proposición del grupo vasco persigue también acotar al máximo la capacidad de declaración de una materia como secreto oficial o cuestión reservada. Así propone que sólo el Consejo de Ministros tenga capacidad para otorgar este título, retirando a la Junta de Jefes de Estado Mayor esta función. De la misma manera, el Consejo de Ministros sería el único órgano del Estado para aprobar una desclasificación. Según sostiene el PNV, su proposición de ley es consecuente con el incremento de transparencia que demandan las instituciones y que ha impulsado el propio Gobierno de Mariano Rajoy en la legislatura pasada. También subrayan que este cambio colocaría a la regulación española en sintonía con los países de nuestro entorno.

El PSOE, Podemos y los nacionalistas han apoyado la propuesta del PNV, dándole el apoyo necesario para continuar su tramitación parlamentaria. Los socialistas sostienen que este primer impulso debería estar seguido por la presentación de un proyecto de ley desde el Gobierno, donde se precisen las materias que pueden ser objeto de secreto o reserva, así como las diferencias entre ambas categorías y los distintos supuestos en que se pueden clasificar. PP y Ciudadanos no tenían ayer definido el sentido del voto pero finalmente hoy Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra. Eso sí, coinciden en una posición más conservadora, admitiendo que la Ley de Secretos Oficiales debe actualizarse ya que data de 1968, con un retoque parcial en 1978, pero sin proceder con una urgencia que sólo permita acometer una reforma parcial, en lugar de una modificación profunda. No obstante, admiten también que el texto puede modificarse y negociarse a lo largo de la tramitación, por lo que no cierran la puerta a ninguna opción. Menos aún con la negociación de los Presupuestos del año que viene de trasfondo y el deseo de los populares de no violentar al que puede convertirse en un aliado potencial si los socialistas siguen negándose a prestar apoyo a las principales leyes del Estado. El gran reparo que ponen al texto es que la desclasificación se convierta en automática. Algo que no estarían dispuestos a apoyar aunque hoy el texto vasco reciba luz verde.

El PNV, no obstante, señala dos ideas centrales para la futura reforma y avanza que todos los demás postulados del texto son negociables , en aras a conseguir el mayor respaldo parlamentario posible. Estos dos ejes que señala como imprescindibles son la capacidad exclusiva del Consejo de Ministros para clasificar documentos, y el establecimiento de un límite temporal para la protección de los secretos. En Estados Unidos, por ejemplo, este umbral general se sitúa en los 20 años.

Así, tras la votación de esta tarde la proposición se admite a trámite y pasa el primer filtro del Congreso. Al final de la legislatura anterior, el PNV defendió en el hemiciclo esta proposición de ley y sí recibió la luz verde del pleno, gracias al apoyo del PSOE, Podemos y los independentistas . Sin embargo, decayó como consecuencia de la convocatoria de elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes.

Además, el Pleno del Congreso también ha aprobado una moción para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, más conocida como «ley mordaza». El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido, pero los partidos nacionalistas, Unidos Podemos, el PSOE y la mayor parte de los componentes del Grupo Mixto han apostado por una nueva normativa.

La iniciativa que ha salido adelante no implica directamente ningún cambio legal, pero reclama al Ejecutivo la marcha atrás en una de las normas más cuestionadas de las que impulsó en la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Ciudadanos , aunque se ha abstenido en el punto más controvertido de la iniciativa, ha apoyado los otros cuatro: la ampliación de las plantillas en Prisiones , Policía y Guardia Civil ; la mejora de los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE); la adopción de medidas para reducir la siniestralidad vial y los robos en el campo y en los domicilios, y la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar solo en casos extraordinarios.