Condenas «de telediario» y políticos sin presunción de inocencia

La escasa restauración de la imagen personal y las dilaciones en los procedimientos son dos cuestiones que lamentan muchos de los ahora exculpados. ¿Existe un equilibrio entre la cobertura de las investigaciones y de los archivos? Para los afectados la respuesta es claramente «no». Varios ejemplos paradigmáticos de estas situaciones, sobre todo relacionadas con el PP, se encuentran en la Comunidad Valenciana, cuna de la corrupción en el imaginario nacional pese a que otros territorios como Andalucía, Baleares, Cataluña o Canarias la han llegado a superar en este tipo de delitos en los últimos años, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

La sentencia del caso Nóos en 2018 fue uno de ellos. Los acusados de la rama valenciana fueron absueltos más de seis años después de que se iniciara la investigación: el número dos de la Conselleria de Turismo del Gobierno autonómico Luis Lobón; los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) José Manuel Aguilar y Jorge Vela; y la que fuera responsable jurídica de esta entidad, Elisa Maldonado. Previamente, también quedó exonerada Isabel Villalonga, subsecretaria de Presidencia en la etapa de Francisco Camps. Vela se vio inmerso igualmente en el caso Cooperación de desvío de fondos destinados a países del Tercer Mundo y que acabó con el exconseller Rafael Blasco en prisión. Resultó imputado y un año después llegó el archivo.

Similares fueron los caminos que tuvieron que seguir los exresponsables de Turismo Angélica Such y Juan Bover. Cinco años estuvieron investigados en el caso Fitur, la primera sentencia de la trama Gürtel que llegó en 2017 con la absolución de ambos y la pena de cárcel para la que fuera presidenta de las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez.

Recordado es el veredicto de «no culpable» del jurado popular del juicio de los trajes sobre Francisco Camps, quien ahora se encuentra procesado por contratos con Gürtel e investigado en la organización de la Fórmula 1 y en las posibles irregularidades en la visita del Papa. O el archivo del conocido como «Ritaleaks» impulsado por Compromís contra la fallecida Rita Barberá. Absuelto quedó el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla por la financiación irregular del PP. Y sobreseída la causa por sospechas en el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón de Calatrava para Eusebio Monzó y Cristina Morató. Los diputados Óscar Clavell y Jorge Bellver o el que fuera alcalde de Castellón Alfonso Bataller son otros de los ejemplos que quedaron finalmente en nada.

Los casos del PP son los más numerosos, pero también existen en la izquierda. Archivada fue la investigación contra el exportavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas Ángel Luna, por cohecho. Y también contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y la exvicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal (ambos de Compromís) por malversación y falsedad documental en el envío de propaganda.

Los casos valencianos no son los únicos y en otras regiones, aunque con menos interés mediático, también proliferaron las condenas «de telediario». En Galicia tienen su epicentro en los juzgados de instrucción de Lugo , donde Pilar de Lara (recientemente inhabilitada por el CGPJ) y Estela San José (trasladada a Huelva hace varios años) convirtieron sus macrocausas contra la presunta corrupción en máquinas de salpicar a políticos.

El caso más sangrante fue el del exalcalde socialista de Lugo José López Orozco, imputado por De Lara en siete causas, y cuya situación procesal le costó la Alcaldía en 2015, forzando su abandono de la política. La izquierda populista y los nacionalistas exigieron al PSOE la cabeza de Orozco para apoyar la investidura de un candidato socialista, y el alcalde decidió apartarse. Desde entonces, cinco de esas siete causas han ido archivándose respecto a su persona, y las otras dos están todavía pendientes de rematar la instrucción, envueltas en dudas respecto a la investigación que en ellas hizo la juez sancionada. «Las imputaciones me costaron mi carrera política», reconoció Orozco a ABC en una entrevista reciente, «ya que no me pudieron ganar en las urnas, los partidos de izquierda querían ganarme por esa mala acción, por ese mal error que todos los partidos cometimos, de poner la condición de no ser imputado. No se respetó el derecho a la presunción de inocencia» concluye.

Su sucesora, la actual regidora Lara Méndez, fue detenida en 2009 como vicepresidenta de la Diputación de Lugo en el marco de la «Operación Rey», que instruía Estela San José, por una supuesta subvención y contratación irregulares que, cinco años más tarde, la sustituta de esta juez archivó el caso.

Pero la pieza más valiosa que Pilar de Lara se cobró fue el exlíder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro , al que imputó por su implicación en un caso urbanístico vinculado con la compra de su vivienda, y por su gestión al frente de la Diputación de Lugo. Con diez imputaciones, Besteiro dimitió. Desde su renuncia, ha guardado silencio y solo se pronuncia a través de sus abogados. El nuevo juez decidirá sobre sus causas.

En Santiago de Compostela, siete concejales del PP cometieron el pecado de autorizar que el Ayuntamiento costeara la defensa de otro edil investigado por presunta corrupción, pero condicionado a que resultara finalmente absuelto. Contaban hasta con un informe favorable del secretario municipal. Dio igual. Fueron imputados y condenados en primera instancia en junio de 2014, por lo que se vieron forzados a dimitir de sus cargos. Ocho meses más tarde, los siete resultaron absueltos por la Audiencia Provincial, pero era tarde. Ninguno regresó a la política.

Las penas «de telediario» tienen otro caso paradigmático. Aquel en el que la oposición pide la cabeza del imputado para facilitar la labor del Gobierno. Lo sabe Pilar Barreiro (PP), exalcaldesa de Cartagena, que tuvo que dejar su escaño como senadora aunque después fuera absuelta; o, en Madrid, el exalcalde de Guadarrama y Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio (PP). El popular fue acusado de prevaricación por la permuta de unos terrenos en la primera de las localidades y después, en 2015, ganó las municipales en Las Rozas, aunque sin mayoría absoluta. Ciudadanos puso su cabeza como condición para que el PP siguiera en la Alcaldía.

Su absolución, el pasado verano, no ha reparado «el daño» a Fernández Rubio y su familia. «Cuando salió este asunto se vulneró claramente mi presunción de inocencia», aseguró a Ep en 2019. A pesar de su «satisfacción», cree que su caso no fue tratado de forma justa: «En ningún momento fui acusado de corrupción sino por un tema administrativo, pero se me metió en el mismo saco». Descarta, como tantos otros, volver a la política.