De Prada, uno de los tres jueces del caso Gürtel
De Prada, uno de los tres jueces del caso Gürtel - Francisco Seco

El PP invoca las dudas sobre un juez de Gürtel para anular el caso

El partido pidió al TS que revoque el fallo que provocó la moción de censura contra Rajoy

MadridActualizado:

El Partido Popular (PP) le ha recordado al Tribunal Supremo la sombra de la sospecha que envuelve a uno de los jueces que dictó la sentencia del caso Gürtel -el fallo que desató la moción de censura contra Mariano Rajoy, activando la tormenta política que aupó al poder a Pedro Sánchez-, para insistir en su intento por anular el fallo.

En un escrito presentado ante el Alto Tribunal, la formación política esgrime las recusaciones planteadas contra el magistrado José Ricardo de Prada para reforzar y añadir razones a su impugnación de la sentencia de la primera época de la trama Gürtel. La Audiencia Nacional condenó al PP por lucrarse de la red, en una resolución en la que castigó con 351 años de prisión a 29 acusados, la considerada «estructura central» de la Gürtel entre los años 1999 y 2005. Supuso la primera pena para el extesorero Luis Bárcenas.

La formación recurrió en casación la sentencia el pasado mes de octubre, en un escrito en el que denunció la «parcialidad» del juez De Prada, cuya cercanía al exjuez Baltasar Garzón es conocida y que es categorizado en un perfil progresista. También denunció la extralimitación de la sentencia al tratar al partido como a un condenado; cuando su responsabilidad en la causa era civil, no penal. El PP tachó de «innecesarias» las expresiones que atribuyen dichas actuaciones al partido, en la parte del fallo redactada por De Prada, lo que, según el partido, evidencia «una muestra de animadversión, malquerencia y mala voluntad» por parte del magistrado.

Dos recusaciones

Ahora, el PP solicita al Supremo que tenga en cuenta que la Audiencia Nacional ha aceptado analizar las dudas de imparcialidad invocadas contra De Prada en otras dos causas del caso Gürtel, dos piezas que todavía no han sido juzgadas. El magistrado al que atribuyen los pasajes más polémicos de la sentencia ha vuelto a ser designado, por las normas formales de reparto, miembro del tribunal que juzgará la existencia de una caja B en el seno del PP, y del que enjuiciará las actuaciones de la Gürtel en Boadilla del Monte, en Madrid.

«La recusación del Sr. De Prada debe ser estudiada en su fondo, pues no se trata de la alegación de mera ideología o afinidad, sino de la admisión a trámite por la alegación de haberse producido manifestaciones públicas, y realizado actos de participación en cargos de significativa relevancia política, vista la trascendencia asimismo política del caso», señala el nuevo escrito del PP, al que ha accedido ABC y que consta de tres folios. La formación comunica al Supremo que los incidentes de recusación presentados contra De Prada en esas dos causas han sido admitidos a trámite, en sendos autos del 25 y 28 de junio. La admisión a trámite abre un proceso para estudiar la reclamación y resolver si el magistrado conserva o no la apariencia de imparcialidad para juzgar los hechos, una decisión que no anticipa la decisión. La Audiencia Nacional rechazó apartar a De Prada del tribunal que juzgó la primera era de la trama Gürtel, el primer gran juicio contra la red de corrupción. En aquella ocasión, el magistrado fue cuestionado por Pablo Crespo, el número dos de la red corrupta, por su amistad con Garzón.

«Interés directo o indirecto»

Una de las razones argumentadas en las recusaciones coincide, explica el abogado de la formación, con la impugnación de la sentencia de Gürtel. El partido considera que De Prada tuvo un «interés directo o indirecto» en el desenlace del juicio, lo que vulnera el derecho a un juez imparcial. Entre los argumentos expuestos por el partido para tratar de apartar al magistrado está, además de la amistad con Garzón, se encuentran las consideraciones sobre el PP que incluyó la sentencia. El tribunal dio por acreditada la contabilidad opaca del partido, una cuestión que es el objeto de otro juicio y que solo era necesario analizar de forma colateral para estudiar si Bárcenas había metido la mano en la caja. El presidente del tribunal, el juez Ángel Hurtado, expresó su rechazo a estas manifestaciones en un voto particular en el que se desmarcó de ellas.

Se incluyen «supuestas conductas delictivas que no se están enjuiciando y que ni siquiera se están considerando a efectos de generadoras de daños indemnizables», alegó el PP.

En el recurso de fondo -que está siendo analizado por la Sala Segunda del Supremo-, el PP solicitó que se repita el juicio con «un tribunal sin apariencia de parcialidad». El partido sugirió como alternativa que se vuelva a dictar una nueva sentencia en la que se omitan todas las referencias al PP que fueron más allá del juicio a la formación política como partícipe a título lucrativo. La formación fue condenada a devolver 245.492 euros, el dinero que se ahorró en las campañas electorales de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en 2003, por actos sufragados por la red dirigida por Francisco Correa. La Audiencia Nacional consideró probado que los antiguos altos cargos, empresarios y funcionarios vulneraron la ley para enriquecerse.

La condena al PP fue como partícipe a título lucrativo: es decir, por haberse beneficiado de la trama sin participar ni conocer la actividad delictiva de la que procedían los fondos. Es una responsabilidad civil, no criminal.