Puigdemont intenta apartar ahora a Conde-Pumpido de los recursos del 'procés', lo que logró con Narváez

En un escrito de 61 folios al que ha tenido acceso ABC, el abogado Gonzalo Boye sostiene que Conde-Pumpido «carece de la imprescindible imparcialidad» para poder ver los recursos que el procesado huido ha presentado contra varios autos del Tribunal Supremo relacionados con su cliente que tiene que estudiar precisamente la sección del TC de la que forma parte este magistrado, en quien ha recaido además la ponencia de esos recursos. El letrado ve asimilables las situaciones de Narváez y Conde-Pumpido e incluso llega a calificar como más grave la intervención del exfiscal general.

Los hechos a los que alude Boye se produjeron en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017, una vez incoada la causa del 'procés'. «En circunstancias semejantes a las de la conferencia pronunciada el día anterior por Antonio Narváez Club de la Constitución de Granada», Conde Pumpido, en aquella conferencia, «afirmó la trascendencia penal de los hechos investigados» en la causa contra los líderes secesionistas.

«Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia. Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que -esta sí- ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia -en concreto, la democracia directa para derrocar la Constitución», dijo entonces Conde-Pumpido.

Señala la defensa de Puigdemont que el magistrado habló ahí de las imputaciones de rebelión y sedición que entonces ya pesaban sobre los expresident y consejeros huido s «apuntando a la existencia de indicios suficientes de haber incurrido el recurrente en dichos tipos penales, cuestión esta -la de la existencia o no de indicios suficientes- que, precisamente, es uno de los elementos que cumple dilucidar en los recursos de amparo».

Añade que en esa conferencia Conde-Pumpido se alineó plenamente con todas y cada una de las tesis del Ministerio Fiscal en su querella de 30 de octubre de 2017 «de forma incluso más explícita» que Narváez, lo que le priva, insiste, «del más mínimo atisbo de imparcialidad».

Pero al margen de esta conferencia en concreto, la defensa del 'expresident' cree que hay una serie de circunstancias que deberían haberlo llevado al magistrado a abstenerse antes. Y alude a su condición de fiscal general del Estado y a su relación de amistad con uno de los fiscales del 'procés', Javier Zaragoza, además de haber designado o propuesto el nombramiento de la práctica totalidad de los fiscales del caso : también las de Consuelo Madrigal y Fidel Cadena.

«Cada uno de estos elementos, aisladamente considerados, quizá podría resultar insuficiente para poner en duda su apariencia de imparcialidad (...). Pero la acumulación de todos ellos pone seriamente en duda esa imparcialidad objetiva en esta causa», insiste Boye. El letrado pide que testifiquen en el marco de este procedimiento de recusación el propio Conde-Pumpido, Javier Zaragoza y Josep Borrell, este último para demostrar ese supuesto interés directo del magistrado en esta causa. Según refiere Boye, Conde-Pumpido habría buscado la mediación de Borrell con el Gobierno para pagar la defensa del juez Llarena ante Bélgica por la demanda civil que el interpuso Puigdemont, una defensa que la entonces exministra de Justicia Dolores Delgado le negó en un principio.

Por otra parte, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este jueves por unanimidad el recurso de amparo presentado por Puigdemont, Comín, Ponsatí y Puig contra los autos del Supremo en los que Boye quiere que Connde-Pumpido se abstenga. Como en todos los relativos al 'procés', el Tribunal alude a la "especial trascendencia constitucional (del recurso) porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica". El Pleno rechaza suspender las órdenes de detención cursadas por el Supremo contra los fugados.