La Comisión Europea da la razón a España en el caso de las euroórdenes

El letrado Julio Baquero Cruz, como representante del ejecutivo comunitario, entiende que se pueda realizar una extradición sin revisar el derecho a un juicio justo si no existen «deficiencias sistémicas» de Estado de derecho, que es algo que en todo caso, dijo, debería determinar las propia Comisión y que no es el caso de España. «Confianza mutua quiere decir confianza mutua entre sistemas equivalentes. Si no hay problemas sistémicos la confianza debe mantenerse», informa Efe.

También el ponente del procedimiento, el danés Lars Bay Larsen, que será el encargado de redactar la futura sentencia que debatirán los jueces de la gran sala, r eprochó a la justicia belga que no hubiera tomado la iniciativa de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de tomar una decisión que implicaba desoír las designios de un país miembro.

En esta idea abundó la Fiscalía del Tribunal Supremo, que, como informó ABC el lunes, estuvo representada por los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. En defensa de la tesis del instructor del ‘procés’, Cadena tildó de «ilógico y absurdo» que Bélgica cuestione la competencia del magistrado del Supremo Pablo Llarena para para emitir las euroórdenes y recordó que determinar la competencia penal es algo que corresponde a los jueces españoles. El Ministerio Público cargó, además, contra los informes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), en los que se basaron los jueces belgas para rechazar la entrega de Puig. El documento, dijo, no se basa en cuestiones objetivas y «no puede elevarse sobre la opinión del Supremo», que ya descartó cualquier vulneración de derechos fundamentales.

De la misma forma la Abogacía del Estado, representada por Andrea Gavela, sostuvo ante los jueces europeos que con este caso «está en juego que una situación excepcional se aquilate y se haga inoperante la herramienta de la euroorden».

Por su parte, la defensa de Puigdemont, ejercida, entre otros, por el abogado Gonzalo Boye, intentó justificar la decisión de no ejecutar las euroórdenes a causa de una supuesta «persecución del independentismo» contra funcionarios públicos que «se limitaron a convocar un referéndum».

En la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE, Llarena supeditó la paralización, modificación o retirada de la euroórdenes cursadas contra los prófugos a la respuesta que dé Luxemburgo sobre el alcance de este instrumento de cooperación basado en la confianza mutua y reciprocidad.