Colau se gastó más de 6 millones de euros en 22 contratos a dedo con la excusa del Covid

El TCu ha escrutado a los doce mayores ayuntamientos españoles para revisar los contratos que firmaron en 2020 por procedimiento de emergencia, con el argumento de luchar contra el Covid. Según esta fiscalización, el de Barcelona fue –con mucha diferencia– el que utilizó la contratación de emergencia de forma más abusiva , improcedente y costosa.

Además, todo hace pensar que las anomalías se extendieron a más contratos y a más millones de euros, porque el TCu solo ha revisado una mínima parte de la gran cantidad de adjudicaciones de emergencia que despachó el Ayuntamiento de Barcelona el año pasado. Del millar de contratos de emergencia que firmó, los auditores del TCu solo han revisado una muestra de 122, apenas el 13% del total. Y, de esos 122 contratos, ha puesto en la lista roja 25. Es decir, el 20% de los analizados, uno de cada cinco.

La legislación española prevé esta modalidad contractual como una fórmula extremadamente excepcional. Está reservada para formalizar, «de manera inmediata», contratos sobrevenidos por «acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional».

Tras el estallido de la pandemia, en marzo de 2020, el Gobierno promulgó un decreto que autorizaba específicamente a las administraciones públicas a utilizar la contratación de emergencia para atender necesidades imprevistas que estuvieran relacionadas con necesidades inmediatas derivadas de la pandemia.

Es decir, obligaba a que, en esos expedientes, se justificara nítidamente que lo adjudicado iba dirigido a hacer frente a la pandemia y que esas licitaciones tenían que hacerse con urgencia, por imperiosa, inmediata y sobrevenida necesidad. Esas condiciones se exigen para evitar que la contratación de emergencia se convierta en un coladero, ya que es una modalidad que se salta principios tan elementales como la libertad de acceso a las licitaciones, la libre competencia, la igualdad de trato de los licitadores, la publicidad y transparencia de los procedimientos. Ni siquiera hay obligación de elegir la oferta económica más ventajosa. Es decir, permite elegir a dedo, pero siempre que esté justificado por motivos muy tasados y absolutamente extraordinarios.

A tenor de lo indicado por el TCu, el ayuntamiento de Ada Colau usó el Covid como coartada o argumento indebido en una larga lista de contratos. El surtido fue variado: desde actuaciones urbanísticas a múltiples campañas publicitarias en las que se fueron más de dos millones de euros, pasando –por ejemplo– por la adquisición de cientos de terminales y líneas telefónicas.

Es, de lejos, el consistorio que más reparos acumula del TCu, que también ha fiscalizado a los de Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.

El Ayuntamiento de Barcelona se agarró al argumento del Covid para firmar 973 contratos de obras, servicios o suministros. El de Madrid, mucho menos de la mitad, 399. En el análisis de Barcelona, el Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en 25 adjudicaciones; en el Ayuntamiento de Madrid solo ocho, y con reparos de menor entidad .

En Barcelona, de 122 contratos fiscalizados, 22 incurrieron en una tramitación «indebida, inadecuada o insuficiente», y tres en una «defectuosa planificación». En el caso de Madrid, seis de los ocho reparos han sido por defectos de planificación, y solo dos por entender el TCu que lo contratado no guardaba relación suficiente con la emergencia del Covid: unos 160.000 euros gastados en dos contratos para el diseño e instalación de un pebetero en homenaje a las víctimas de la pandemia.

Los 22 contratos tramitados de forma «indebida, inadecuada o insuficiente» por el Ayuntamiento de Barcelona costaron 5,4 millones de euros sin contar impuestos, lo que supuso un desembolso total de más de seis millones tras aplicarle el IVA correspondiente.