Las claves del «juicio» belga a España

Mañana, a las 9.30 de la mañana está convocada en el tribunal francófono de primera instancia de Bruselas la vista en la que se estudiará la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena ante la justicia de este país . La ofensiva de los procesados huidos contra el Poder Judicial español en Bélgica es sólo una pieza en el puzzle de descrédito a nuestras instituciones que los independentistas se han afanado en montar tras su huida a Bélgica el pasado mes de octubre.

La polémica sobre el abandono al juez Llarena -que luego el Gobierno español rectificó - ha puesto toda la atención en una vista que en principio no va a dar mucho de sí, según vaticinan fuentes jurídicas vinculadas a despachos belgas, pues en principio sólo servirá para «ordenar» el proceso. El hecho que en la práctica procesal de ese país sean los abogados, y no el juez, quienes fijen el calendario del caso nos sitúa ante un escenario incierto en el recorrido de un caso que plantea incógnitas .

La audiencia preliminar de mañana es el primer contacto que tendrán las partes con el juez y el juez, a su vez, con la demanda, pues hasta ahora sólo se ha producido una citación de la mano de una figura parecida a nuestro procurador: el huissier de justice. En esta vista los abogados de las partes se limitan a aportar al juez un calendario de plazos del procedimiento sin que sea él, sino los propios letrados, los que los establezcan: para dar traslado de la demanda, contestarla, formular alegaciones... Esta circunstancia beneficia a los letrados de Puigdemont, que harán lo posible por mantener vivo el procedimiento para que coincida en el tiempo con el juicio del 1-O previsto para finales de año en el Tribunal Supremo. No obstante, el abogado belga de España intentará desactivar la demanda en esa misma vista.

Las fuentes antes citadas lo ven casi imposible. El prestigioso letrado Hackim Boularbah , en representación de los intereses del juez y de España, invocará la inmunidad de jurisdicción (ningún país puede cuestionar decisiones jurisdiccionales de otro) como excepción de inadmisibilidad. En ese momento el juez tiene dos opciones: poner fecha para resolver las cuestiones planteadas por España previas a la admisión en una vista posterior o (más improbable) resolver estas cuestiones en sentencia, del mismo modo que se hace en ocasiones en España con las previas planteadas al comienzo del juicio.

Si la demanda continúa su recorrido y el juez belga no acepta la inmunidad de jurisdicción planteada por el abogado belga, al margen del conflicto diplomático que se puede generar, el procedimiento podría prolongarse meses , precisamente porque los plazos procesales ya los manejan las partes. No obstante, si no se ponen de acuerdo en fijarlos -como parece que sería el caso, ante el previsible interés de Puigdemont por dilatarlos-, sí intervendría el juez. El punto final sería la sentencia tras la celebración de un juicio.

Los prófugos independentistas la dirigen contra Llarena a título particular con motivo de unas declaraciones con las que Puigdemont considera vulnerada su presunción de inocencia. Sin embargo, además de falseadas, de la mera lectura del escrito de los prófugos se desprende que se trata de un ataque en toda regla al Poder Judicial español por la apertura de la causa del 1-O. «España está «al lado de Kazajstán (sic.) entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales» o el juez Llarena es el representante de un «sistema que es incapaz de tratar a los independentistas respetando los derechos fundamentales» son algunas de las afirmaciones que se hacen en el escrito.

Pese al contundente informe de la Abogacía del Estado que aconsejaba la personación de España, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, supeditó esa personación a que el juez belga mencionara datos relativos al 1-O , pues entendía que sólo en este caso se estaría cuestionando la soberanía jurisdiccional español. Para ella las declaraciones de Llarena (cuya traducción está manipulada, cambiando un condicional por una afirmación) había que enmarcarlas en el ámbito privado. Tras el duro comunicado de jueces y fiscales hablando de «dejación de funciones», el Ejecutivo dio un golpe de timón y rectificó a tiempo.

Conforme a la legislación belga, la Abogacía del Estado no puede personarse en Bélgica sino que tiene que defender sus intereses a través de la contratación de un abogado local . En este caso claramente el demandado es Llarena y el Estado español tendrá que invocar su interés en la causa al ser coincidentes los intereses de uno y otro , pues el instructor es un representante del Poder Judicial español. A partir de ese momento, y aun siendo coincidentes, puede asumir esta defensa el mismo abogado o que, por estrategia procesal, lo hagan dos del mismo despacho.

El Gobierno valoró varias ofertas y optó por poner el caso en manos del bufete belga Liederkerke Wolters por 544.982 euros . Esa es la cantidad máxima con la que se cuenta, que será menor si el recorrido de la demanda es pequeño. Como en los grandes bufetes, especialmente en los mercantiles, los letrados cobran por horas: unos 300-450 euros, señalan fuentes jurídicas belgas. A la vista de esta cantidad en un solo pleito es difícil imaginar el dinero que se están gastando los prófugos en sus innumerables acciones ante la justicia dentro y fuera de nuestras fronteras.

El hecho de que los demandados hayan pedido un simbólico euro como indemnización tiene su explicación, pues estas van en función del dinero reclamado. En este caso, al tratarse de un euro, estas costas ascenderían a cerca de mil euros, señalan las fuentes.