España quiere zanjar en Bélgica las sospechas sobre nuestra Justicia

Fuentes jurídicas sitúan esa demanda en la estrategia propagandística de los secesionistas con la que se pretende conseguir que algún país europeo diga que en España no se respetan derechos, como mantienen los procesados prófugos en el escrito cuya admisión todavía no ha decidido el juez belga, pendiente de la vista convocada para el próximo 4 de septiembre. La mera apertura de un procedimiento, con independencia de cuál sea su horizonte procesal, es algo que conviene a los independentistas a pocas semanas del juicio del 1-O en su afán victimista, pues al atacar a Llarena como excusa, cuestionan toda la instrucción del procedimiento en el Tribunal Supremo.

Con este nuevo movimiento del independentismo en Europa se ha abierto una puerta muy peligrosa que hay que cerrar, dicen, porque atenta contra la soberanía jurisdiccional, ya no de España, sino de cualquier país miembro. «No se puede admitir que cualquier juez español esté bajo la presión de cualquiera que pueda interponer una demanda contra él fuera de nuestras fronteras» , apuntan esas fuentes. Por este motivo, y ante la gravedad de lo que se pretende, no acaban de entender cómo el Ejecutivo pudo minusvalorar la actuación de los independentistas limitándola al «ámbito privado» del juez Llarena. Más aún cuando la Abogacía del Estado advirtió desde el primer momento que España tenía que personarse en este procedimiento con la máxima urgencia para salvaguardar el principio de inmunidad de jurisdicción.

Ahora, con la rectificación del Gobierno, en el entorno del juez dan por zanjada la polémica y consideran que la defensa de España no puede estar en mejores manos que bajo las de la dirección de la Abogacía del Estado , aunque esta no podrá intervenir directamente al no preverlo la legislación belga. En este sentido, el Ministerio de Justicia está ultimando la contratación de un abogado local, un experto en derecho internacional privado, que asuma la representación y defensa del magistado. El nombre se podría conocer en las próximas horas.

La normativa y práctica procesal belga es completamente distinta a la española, de forma que fuentes consultadas por ABC próximas a la defensa del juez están a la espera de esta designación para perfilar determinados aspectos en relación a la vista fijada para el martes. En contra de lo que se está diciendo, recalcan que ningún juez belga ha intervenido todavía en este asunto y que la citación a Llarena es fruto de una figura parecida a lo que en España es un procurador: el «huissier de justice».

Será en la vista del día 4 donde las partes expondrán sus argumentos, aunque antes el abogado belga que represente a España tendrá que haber enunciado por escrito objeciones de carácter procesal como la citada inmunidad de jurisdicción o la forma en la que se ha llevado a cabo el emplazamiento.

Aunque los intereses de Llarena y el Estado son absolutamente coincidentes, todavía no está claro si en la estrategia procesal habrá un solo abogado para defender a juez y Estado o se designarán dos . Fuentes conocedoras de la legislación belga no creen que el rechazo, en su caso, del escrito de Puigdemont por parte del juez se haga el mismo, sino que sería días después. Por contra, si el juez belga decide seguir adelante empezaría a correr el plazo ya para que los independentistas articularan su demanda (lo que han presentado no lo es en sentido estricto) y la defensa de España pudiera contestarla en un plazo de tiempo indeterminado. Ahora todo está abierto.