El CGPJ abre expediente por dilaciones al juez del voto particular sobre La Manada

Según ha confirmado ABC en fuentes jurídicas, el expediente le ha sido incoado en relación a una posible falta disciplinaria por retrasos en el dictado de resoluciones y es fruto de una inspección rutinaria del Consejo . Incluye a una segunda magistrada que formó parte de aquel tribunal que condenó por abuso y no agresión el suceso registrado durante los Sanfermines de 2016, Raquel Fernandino, también por dilaciones.

Los retrasos indebidos pueden constituir una falta leve, grave o muy grave y su investigación implica tanto la constatación del incumplimiento reiterado de los plazos procesales como la escucha de los afectados, que presentan sus alegaciones.

En este caso, ambos lo justifican en la repercusión negativa que tuvo tanto a nivel personal como en su trabajo diario la reacción social a la sentencia según señala el acuerdo del Promotor, al que ha tenido acceso Europa Press.

Avanza que la instrucción de este expediente determinará si la actuación de ambos magistrados se estima finalmente correcta o si encaja en los artículos 417.9, 418.11 y 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé sanciones que van desde la advertencia a multa o incluso separación de la Carrera.

La inspección realizada en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra llegó al CGPJ en septiembre pasado. Según los datos recogidos, a finales de 2018 había tres sentencias pendientes de dictar cuyas ponencias correspondían a estos magistrados de juicios celebrados en junio y diciembre de 2017 y en mayo de 2018, además de medio centenar de recursos de apelación pendientes.

Dada la antigüedad de algunos de los asuntos reflejados en dicha certificación, el pasado mes de junio se requirió a los magistrados González y Fernardino que procedieran al dictado de las resoluciones pendientes en un plazo de dos meses, si bien al concluir este tiempo algunos procedimientos seguían sin haber sido evacuados.

Por lo que se refiere a González, el informe detalla que su rendimiento llevaba varios años siendo inferior a los objetivos de cumplimiento previstos: en 2016 alcanzó un 63 por ciento -estuvo de baja por enfermedad una semana-; en un 2017 su productividad llegó al 72 por ciento, en 2018 volvió a bajar hasta el 69,5 por ciento y en 2019 no superó el 75,5 por ciento.

Tras analizar todos estos datos, los inspectores decidieron ponerlos a disposición del promotor disciplinario, que requirió su versión a los dos magistrados afectados.

En su informe, Fernandino señalaba que mucho de lo pendiente iba a ser dictado en breve y alegaba al hecho de tener que haber formado parte de la Junta Electoral Provincial como consecuencia de las elecciones generales de noviembre de 2019, lo que incidió notablemente en el desempeño de su labor en la Audiencia.

A esto se añadía, según la magistrada, el gran impacto que el caso de La Manda que tuvo en todos los ámbitos de la vida de los magistrados de este órgano -tanto personal como social y profesional- y que repercutió también en el dictado de resoluciones por parte de esta sección de la Audiencia de Navarra. Alegaba también otras causas relativas al reparto de asuntos sobre el ámbito de la violencia sobre la mujer en este órgano o el continuo cambio de personal tanto en la secretaría de la sala como en la oficina judicial.

González, por su parte, contestó al promotor disciplinario que todas las cuestiones pendientes señaladas por los inspectores habían sido ya dictadas y aludió igualmente a la negativa repercusión - por estrés y desazón - que tuvo en el tribunal de La Manada la reacción social a la sentencia que dictaron por abusos sexuales, que afectó y sigue afectado incluso a su ámbito familiar.

En su caso, añadió en su informe que tuvo además que hacer frente a múltiples denuncias formuladas tanto por particulares como por asociaciones de diferente índole. A todo ello se sumó la baja del presidente de la sección por enfermedad, lo que ha contribuido a que el trabajo se acumule en este órgano.

Ahora, el promotor disciplinario llamará a los dos magistrados a declarar ante el CGPJ, analizará todos los datos y decidirá si finalmente propone sanciones contra ellos y si éstas lo son por hechos leves, graves o muy graves.

Respecto a la actual situación por el Estado de Alarma, los trámites procesales y administrativos se encuentran paralizados, por lo que de alargarse la investigación más de seis meses ello no tendrá incidencia en una posible prescripción, han señalado a Europa Press fuentes de la Comisión Disciplinaria del Consejo.