Cataluña sigue instalada en la anormalidad política y social

Acostumbrados en la mayoría de ocasiones a no ser víctimas de la furia política -ventajas de la equidistancia-, Ada Colau y sus comunes llevaron muy mal el escrache al que fueron sometidos después de que la alcaldesa de Barcelona revalidase el cargo con los votos del PSC y Manuel Valls, frustrando la posibilidad de que el independentismo se hiciese con el control de la capital catalana. La agresividad y odio con el que las huestes indepes acogieron la investidura de Colau se reflejaba en el rostro de la alcaldesa, que tomó la vara de alcalde como si hubiese cometido un crimen.

Las lágrimas con las que Colau describía días después ese momento contrastan con el silencio con que de manera habitual se acoge en el campo independentista otras muestras de intolerancia política, que impiden por ejemplo que la Universidad Autónoma pueda acoger actos políticos que no estén en determinada onda, o la lejía que se echa en el suelo cuando PP o Cs celebran actos Catalunya endins. Un silencio tan clamoroso como el del alcaldable de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, que no tuvo la elegancia de condenar lo sucedido y hasta justificó el acoso del pasado sábado a Colau.

En paralelo a la penetración en el campo asociativo, la apropiación del espacio público por parte del secesionismo es la muestra más visible de la anomalía catalana. Más allá de la libertad individual de cada uno para colgarse un lazo amarillo en la solapa o poner una «estelada» en el balcón de su casa -acción mucho menos generalizada de lo que se cree en el resto de España, particularmente en grandes ciudades como Barcelona-, en Cataluña se ha normalizado que en los ayuntamientos gobernados, o con presencia «indepe» en el gobierno, se cuelguen símbolos de parte en los espacios públicos, vulnerando la más elelmental neutralidad institucional. El caso de Barcelona, donde la primera medida impulsada por Colau fue restuir el lazo amarillo en el balcón consistorial, es un ejemplo clamoroso. Del lazo en el balcón al escrache a pie de plaza.

El pasado lunes, durante el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona en el que el independentista Joan Canadell asumió la presidencia, este, en su discurso, hizo la protocolaria ronda de salutaciones agradeciendo la presencia de autoridades en el acto. Entre estas citó, como si se tratase de un reprensentante institucional más, a Elisenda Paluzie, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana. No fue un despiste : la ANC fue la impulsora de la candidatura de Canadell, confirmándose su papel de motor civil del «procés» en los últimos años. Una entidad que junto a Òmnium Cultural ha organizado las manifestaciones de la Diada, ha exigido y forzado convocatorias electorales cuando ha sido necesario -«president, posi les urnes», dijo Forcadell a Artur Mas en 2014- y ahora se bunkeriza como el núcleo duro del movimiento.

La toma de control de la Cámara de Comercio no ha sido ni una casualidad ni una iniciativa improvisada, sino que forma parte de un plan detallado y público de la ANC para lograr la penetración del independentismo en ámbitos más allá de la política. Es, probablemente, uno de los más claros exponentes de la anomalía catalana: actuar en todos los ámbitos sociales en clave «indepe», clasificar las entidades como afines o no afines, considerar que cualquier ámbito es válido para hacer proselitismo, apropiarse de iniciativas que en cualquier otra latitud del mundo quedarían al margen de la política. Incluso el consumo, lo que explica por ejemplo la caída del consumo de cava en España. Todo puede ser suceptible de politizarse, como la campaña de consumo patriótico lanzada por la ANC para visibilizar las marcas o compañías no sospechosas, una forma de señalar a las no afines.

El rechazo a esta campaña llamada de «consumo estratégico» por parte de la patronal Fomento del Trabajo, siempre crítica con el independentismo, señala la importancia que para la ANC tiene haberse hecho con el control de la Cámara, una organización que ya trabaja como punta de lanza del «procés» en contraste con el grueso del resto de organizaciones empresariales. En el campo de la representación de los trabajadores, las grandes centrales sindicales, CC.OO y UGT, han tenido un papel ambivalente, una tibieza que el independentismo ha querido suplir potenciando el sindicato secesionista Intersindical, que aunque proporcionalmente crece de manera fuerte en los últimos años, sigue siendo minoritario.

Desde que Jordi Pujol se hizo con las riendas de la Generalitat, allá por la primavera de 1980, el presidente autonómico tuvo muy claro que, además de la educación, el nacionalismo (es decir, él) tenía que controlar sus propios canales de comunicación y una policía con las más amplias competencias. A ello se puso y nacieron TV3 y Catalunya Ràdio, y reconfiguró los Mossos d’Esquadra .

Casi cuarenta años después, la televisión y la radio públicas autonómicas catalanas se han convertido en altavoces únicos y exclusivos de una sola ideología. Así lo constata incluso la encuesta de la Generalitat, que cifra en alrededor del 80 por ciento el seguimiento que hacen de los informativos de TV3 los seguidores de JpC y ERC; números que para los que votan PSC se queda en el 20 por ciento y menos del 10 por ciento en los afines a Cs. Es decir, TV3 es la televisión de los independentistas.

Con estos datos se entiende que cada día se vincule cualquier dato negativo con España, se quemen ejemplares de la Constitución, se omitan noticias como la de la profesora de Tarrasa (Barcelona) que vejó, presuntamente, a una alumna por pintar una bandera de España o, por poner uno más entre cientos de ejemplos, se presenten las tertulias políticas desequilibradas y, sobre todo, se traten -en estas tertulias- asuntos que «deciden» los partidos secesionistas.

Catalunya Ràdio no se queda atrás. Pese a ser una radio pública, los periodistas que lideran sus programas se han manifestado claramente a favor de una idea política: la nacionalista. En condiciones normales, los presentadores de TV3 y Catalunya Ràdio ejemplificarían la pluralidad que sí está representada en el Parlament o en los escaños catalanes que se elijen en las elecciones generales. Pero no es así. Ni un solo presentador o periodista de TV3 y Catalunya Ràdio ha expresado su disconformidad con la tarea que se realiza desde sus estudios y que la oposición denuncia constantemente.

En esta línea, los Mossos también juegan un papel determinante. Así quedó demostrado el 1 de octubre de 2017 cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional tuvieron que actuar para cumplir una resolución judicial, y evitar la celebración de un rereferéndum ilegal, por, entre otras razones, la pasividad de la policía autonómica.

No es menos cierto, sin embargo, que en los Mossos no existe, o al menos no se refleja ante la sociedad, la unanimidad que sí es evidente en TV3 y Catalunya Ràdio. Desde los sindicatos policiales se critica, en ocasiones con dureza, las decisiones, las declaraciones o las órdenes que reciben de sus superiores. De hecho, la cúpula de los Mossos está más politizada que los agentes rasos. Y para evitar los equilibrios (políticos-profesionales) que el cuerpo ha sufrido, Miquel Buch, consejero de Interior, acaba de hacer limpieza entre los máximos responsables para tener un mayor control del cuerpo.

En este contexto, un nuevo equipo de escoltas para la seguridad de Quim Torra, presidente de la Generalitat, estará bajos las órdenes de Presidencia y no de Interior. Una iniciativa que no ha gustado en el cuepo policial y que ha creado recelos. Esta «guardia pretoriana» de Torra es otro de los tics que el nacionalismo exhibe después de la experiencia de los hechos de 2017.

El «pal de paller» del nacionalismo catalán es la enseñanza. Si se controla la educación de los niños, piensa cualquier independentista, no importa el pasado o las raíces de sus padres. Así, cabe erradicar cualquier intento de que el español sea, junto al catalán, la lengua de escolarización o lengua vehicular en la educación de las aulas catalanas. Cataluña es el único territorio de Europa en el que una de sus lenguas oficiales (el español) tiene un trato distinto, y peor, que otra oficial (el catalán). De hecho, los padres que quieren que sus hijos estudien con el catalán como lengua vehicular pueden hacerlo en cualquier punto de la región y, cabe recordar, aunque sea obvio, no son inmersionados si son catalanoparlantes. Algo que no ocurre con los padres que optan por la lengua española, que no tienen centros a los que acudir y la Generalitat les obliga a inmersionar en catalán a sus vástagos.

Al margen del asunto lingüístico, que se circunscribe a una cuestión de derechos fundamentales más que a un aspecto relativo al lenguaje, la Consejería de Educación hace oídos sordos a las acusaciones de adoctrinamiento escolar. El nacionalismo no duda en repartir por las aulas agendas escolares con el lazo amarillo (símbolo político independentista), en colgar pancartas políticas en las fachadas de las escuelas, cuando no banderas «esteladas» directamente, o en presentar la historia de España con una tergiversación sutil para los alumnos pero descarada para cualquier profesor que separe política de pedagogía. Estos casos, como decenas de otros ejemplos, son negados por parte de la Generalitat y, en cualquier caso, como mucho, lo más que se admite es una mala praxis puntual.

Gritos y «esteladas» del concierto de San Esteban en el Palau de la Música, entregas de premios culturales que devienen en aquelarres secesionistas, instalaciones escénicas que cuelan referencias al 1-O, algo tan aparentemente inofensivo como el pregón de las fiestas de la Mercè convertido en un ejercicio de tiro al blanco al pregonero (el escritor Javier Pérez Andújar, para más señas) por el simple hecho de reivindicar otra cultura catalana que poco o nada tiene que ver con las capillas institucionales… Desde que el «procés» es «procés», la cultura se ha convertido en otra arma arrojadiza y caballo de batalla en Cataluña. Un buen ejemplo es el papel capital que ha adquirido Òmnium Cultural, institución inicialmente nacida, aseguran sus responsables, para combatir la persecución de la cultura catalana, y que ha acabado convertida en uno de los símbolos de agitación política . Este año, sin ir más lejos, se ha consumado esa suerte de «vendetta» encubierta contra Planeta que Òmnium ideó para afear al grupo editorial que fuese uno de los primeros en cambiar su sede social en 2017.

Sobre el papel, se trataba únicamente de un nuevo pliego de bases para publicar el premio Sant Jordi de novela, galardón otorgado por la entidad y editado por Planeta, pero escondió un tirón de orejas al grupo editorial: el más afín Grup Enciclopèdia ganó el concurso y puso en circulación Digues un desig de Jordi Cabré.

También sonado fue el plantón de Quim Torra y sus consejeros a la última gala de entrega del premio Planeta, a la que ni siquiera acudió la responsable de Cultura, Laura Borràs. De hecho, más que por acción, la cultura catalana institucional se ha construido en los últimos tiempos desde la omisión: como ejemplo, las ausencias en la capilla ardiente de Montserrat Caballé -Torra tampoco acudió a la misa en su memoria- o en el funeral del editor Claudio López de Lamadrid. Y eso por no hablar de polémicas como la de Lluís Pasqual, en cuyo cese al frente del Teatre Lliure acabaron pesando tanto las acusaciones de acoso laboral por parte de una actriz como su neutralidad. «Si hubiera sido independentista, no me habría pasado absolutamente nada», aseguró él.