Cataluña aprobará hoy el Estatuto que pide una España federal y tener la llave de la financiación

Las fuerzas del gobierno tripartito de Cataluña, encabezadas por Pasqual Maragall -con José Montilla instalado en la sala de máquinas durante las horas decisivas y ERC actuando como socio leal-- lograron «in extremis» el imprescindible pacto con CiU para que el Parlamento autonómico pueda aprobar hoy la reforma del Estatuto, aunque para ello fue preciso suspender la tramitación del texto durante tres horas y media.

Con este acuerdo, el PSC endosa al PSOE, y singularmente a su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, la responsabilidad última de cumplir su compromiso electoral de apoyar «lo que salga del Parlamento de Cataluña» o someter el texto a un drenaje de constitucionalidad, como ya se han adelantado a exigir José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Alfonso Guerra, lo que vaticina un proceso de importante controversia en las filas socialistas que pondrá a prueba el liderazgo de Zapatero y la cohesión del PSOE una vez que el texto comience su andadura en el Congreso.

El nuevo Estatuto no sólo proclama que «Cataluña es una nación» en el marco de un «Estado plurinacional», sino que establece un sistema de financiación que se inspira en el concierto vasco, aunque «compensa» el cupo con una cuota de solidaridad con el resto de España, con una filosofía de corte netamente federal que lleva a sus inspiradores a sostener que, si prospera esa articulación del Estado -como quieren el PSC y sus socios-, es «exportable» al resto de las comunidades autónomas.

Frenesí negociador

El Parlamento catalán vivió toda la jornada de ayer al borde del ataque de nervios, en una frenética negociación contra el reloj entre las fuerzas del gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV-, por una parte, y CiU, por otra. Con la punta de los pies asomando al agujero negro del fracaso -y de la consiguiente asunción de responsabilidades-, todos -salvo el PP, invitado a participar por Maragall, pero convertido en convidado de piedra por su oposición a toda reforma- se afanaron en un intenso trajín de reuniones unilaterales, bilaterales y multilaterales, de las que arrancó una noria de ofertas y contraofertas.

La víspera de la votación definitiva amaneció con la propuesta «endulzada» de CiU sobre el sistema de financiación que Artur Mas había anunciado el día anterior, pero que no hizo llegar a Maragall hasta la mañana de ayer, en un intento más por apurar el tiempo a su favor en la guerra de nervios que ha caracterizado todo el proceso. A partir de ahí se sucedieron las reuniones, unas decisorias, otras de negociación y otras de presión escénica.

El sistema de financiación

El comienzo del frenesí lo marcó la entrada en escena, a mediodía, del primer secretario del PSC, José Montilla, que, recién llegado de una viaje ministerial a Estados Unidos, se reunió primero con Maragall y después convocó a la ejecutiva de su partido para decidir sobre la propuesta de CiU. Tras concluir el PSC que era inconstitucional, el tripartito elaboró una contraoferta. La negociación se volvió tan ardua que llegada la hora de debatir el título relativo a la financiación, el presidente de la Cámara, el republicano Ernest Benach, optó por suspender la sesión. Eran entonces las seis de la tarde y cuando se reanudó el debate habían pasado ya las nueve y media de la noche. Instantes antes se había confirmado el pacto mediante la peculiar fórmula de una foto de Maragall y Mas estrechándose la mano con satisfacción incontenida, pero ni una sola palabra, por lo demás innecesaria.

El modelo de financiación pactado constituye un concierto económico «a la catalana». El «cupo catalán» se traduce en que, aunque el Estado conservaría la titularidad de los impuestos, la gestión y recaudación de todos los tributos -propios y cedidos- correspondería a la Generalitat y una comisión bilateral determinaría el porcentaje que corresponde a cada Administración en función de los servicios que presta, con una fórmula prácticamente idéntica a la «cesta de impuestos», mientras que el cupo vasco tiene ya preestablecido el monto global que se aporta al Estado. La cuota de solidaridad tendría como tope que la aportación que Cataluña haga por este concepto a la caja común no implique una minoración de la renta media de las familias catalanas.

El último escollo

Con todas las miradas puestas en la financiación, la declaración del carácter laico de la enseñanza pública, aprobada el día anterior, emergió a última hora como un iceberg capaz de hacer naufragar el consenso, aunque finalmente también fue sorteado. El presidente de Unió Democrática de Cataluña (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, amenazó con vetar por este motivo la globalidad del pacto con CiU y, finalmente, el PSC y ERC aceptaron limitar esa consideración a la escuela «de titularidad» pública -salvando así a los centros concertados y las reservas de UDC-.