El aviso de la auditora a Pablo Iglesias: «He detectado irregularidades graves que podrían comprometer a Podemos»

Fue el 4 de diciembre de 2019 a las 11:21 horas. Carmona, tal y como declaró ante el instructor en calidad de testigo, supo el día 2 de diciembre por una trabajadora del partido que el Consejo de Coordinación había acordado despedir a Calvente y proponer su cese como responsable de Cumplimiento Normativo ante el Consejo Ciudadano Estatal.

En ese documento, el Consejo de Coordinación exponía que se necesitaba para ese puesto a « personas que cuenten con la máxima confianza de la organización a nivel profesional», pero como señala ahora Carmona en su escrito, «sin aportar información sobre los hechos que habían provocado esa pérdida de confianza» y habida cuenta de que ella llevaba desde octubre investigando irregularidades internas y en el partido lo sabían.

Tras escribir sin respuesta a la entonces secretaria del Consejo Ciudadano Estatal, Ione Belarra; y a la gerente, Rocío Esther Val, acudió a Iglesias «a través del sistema de mensajería Telegram para poner en su conocimiento la situación, adjuntándole el informe confidencial que quería remitir a los miembros de Consejo Ciudadano Estatal de Podemos».

«La decisión de sustituirme como Responsable de Cumplimiento Normativo y el cese camuflado bajo despido disciplinario de José Manuel Calvente Redondo no es más que una represalia por haber detectado una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional, por lo cual tanto el Delegado de Protección de Datos como la Responsable de Cumplimiento Normativo nos hemos visto obligados a actuar legalmente en defensa del partido», le dijo en aquel mensaje.

Le informaba de las irregularidades acometidas en la ejecución del propio cese, que contravenía los propios reglamentos internos de Cumplimiento normativo, y le advertía de que ya había tocado otras puertas en la Ejecutiva sin éxito para alertar de la situación.

«Dado que no he obtenido respuesta alguna, en cumplimiento de mi obligación, tengo que poner en conocimiento del Consejo Ciudadano Estatal el verdadero motivo por el que se propone mi sustitución y el cese de José Manuel Calvente Redondo a través de comunicado que te envío. Sin embargo, considero que antes debo enviártelo primero como secretario general. Lamento escribirte por esta lamentable situación. Un saludo», concluía el texto.

El escrito relata que, según los indicadores de Telegram, Iglesias leyó el mensaje «al cabo de dos horas». Nunca contestó y nadie, ni desde la gerencia ni desde el Consejo Ciudadano Estatal, a cuyos integrantes envió uno por uno el informe sobre las investigaciones de irregularidades que tenía entre manos, respondió a sus avisos. El único feedback fue un burofax comunicando su cese al frente de Cumplimiento Normativo el 12 de diciembre, dos semanas después.

«Es totalmente significado del nivel de complicidad de la dirección del partido con los hechos denunciados que ni el señor Iglesias ni ningún dirigente se hubieran interesado por las irregularidades que se estaban investigando», denuncia la letrada.

Incide en que «todos los miembros del Consejo de Coordinación y del Consejo Ciudadano de Podemos han actuado con complicidad para la ocultación de los hechos» que Calvente y ella estaban investigando «y con total desprecio a la cultura del cumplimiento normativo », un talante que considera persiste porque su sustituto en el cargo, Raúl Carballedo, ni siquiera les ha contactado para «interesarse por los expedientes en curso y efectuar una transición ordenada» de los mismos.

Será el instructor Juan José Escalonilla quien tenga que ponderar la validez de estas acusaciones de Carmona, que se centran en uno de los pilares de la imputación de Podemos como persona jurídica. El partido está siendo investigado por un presunto delito electoral o de financiación irregular en relación a un contrato de consultoría con la empresa Neurona Comunidad para las generales de abril de 2019.

La cuestión es que el delito electoral lo cometen sólo personas físicas, pero la persona jurídica puede ser penalmente responsable no ya sólo si se benefició o no (como en la financiación irregular) sino si se acredita que sus obligatorias políticas de cumplimiento normativo, el llamado compliance , no son eficaces en la prevención y detección de irregularidades o hechos delictivos. Es una de las razones que esgrimió el instructor para mantener la imputación, basándose, entre otras cosas, en el cese fulminante de Mónica Carmona.