La Audiencia Nacional acusa al Gobierno de Venezuela de «cooperar» con la alianza entre ETA y las FARC

"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país", señala el auto notificado este lunes por Velasco. Cubillas, casado con una ciudadana venezolana que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

Velasco le señala también como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC". Según el magistrado, "fruto de sus gestiones" con el también procesado Emiro del Carmen Romero, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2003 varios miembros de las FARC impartieron adiestramiento en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela, a cuatro etarras "y se emplazaron para recibir más en el futuro". Un intercambio que, prosigue el auto, continuó en campamentos de las FARC en territorio venezolano que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia usaron para formarse en la fabricación y utilización de granadas o morteros y que prosiguió en diciembre de ese año para el manejo de misiles tierra-aire.

Además, Cubillas trató de fijar una reunión entre un miembro de ETA y el veterano dirigente de las FARC ya fallecido Raúl Reyes en la primera quincena de enero de 2004, para lo que contactó con otro de los procesados, Rodrigo Granda Escobar, aunque no llegó a realizarse. Como contrapartida a todo ello, dice el juez, ETA se comprometió a localizar en España objetivos de las FARC.

De esta forma, el procesado Vargas, siguiendo las instrucciones de Navarro, se trasladó en dos ocasiones a España para vigilar la embajada colombiana y "controlar los itinerarios" que realizaba el ex presidente Pastrana y constató que "no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA". Las FARC, añade, pidieron su colaboración, además, para localizar a la entonces embajadora colombiana en España Noemí Sanín, al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente Francisco Santos y otros cargos políticos y militares del país con el fin de "atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE".

A esa lista, señala el juez Velasco, añadieron al ex miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL) y también senador ya fallecido, Bernardo Gutiérrez, que participó en las negociaciones para el abandono de las armas de este grupo armado, al industrial Carlos Ardila Lülle o, "más recientemente", a Uribe "y a personas que se mueven en torno" a la embajada colombiana.

El diciembre de 2008, el magistrado se declaró competente para investigar la denuncia que había interpuesto la Fiscalía contra cinco etarras por dar y recibir cursos sobre manejos de explosivos con miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB) en la selva de Colombia. Por estos hechos, además de Cubillas, ha procesado a los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua por delitos de tenencias de explosivos, y a José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio por el de colaboración con banda terrorista.

Este delito se lo imputa también a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Luciano Martín, Omar Arturo Zabala y a la española Remedios García, a quien Velasco ha citado para tomarle declaración indagatoria el próximo 24 de marzo. Para todos ellos, excepto para García, detenida en España en julio de 2008 y en libertad bajo fianza desde entonces, el juez ha acordado su busca y captura, para lo que expedirá las correspondientes órdenes internacionales de detención.