La Audiencia estudia a partir de hoy si es competente para juzgar el «Faisán»

El tribunal estará formado por 15 magistrados, todos los que componen la Sala de lo Penal a excepción del presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, y los jueces Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, que comunicaron su intención de apartarse de la causa para no quedar contaminados, ya que les correspondería juzgar los hechos en una futura vista oral.

Durante la vista, que se celebrará a puerta cerrada en la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, las defensas de los tres procesados -el exdirector general de la Policía, Víctor García-Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballestero- expondrán los argumentos de los recursos que han planteado contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio. Como resultado de la instrucción, que se ha prolongado durante casi cinco años, el magistrado i mputa indiciariamente a los tres los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento, penados con hasta 10 años de cárcel, y el de revelación de secretos, que el Código Penal castiga con tres.

El tribunal tendrá que decidir si los hechos investigados podrían constituir delitos terroristas , en cuyo caso la competencia continuaría residiendo en la Audiencia Nacional, o si los procesados únicamente pueden ser acusados por revelación de secretos, lo que obligaría al juez Ruz a inhibirse a favor de un juzgado de Irún, donde se produjeron los supuestos delitos.

Los abogados de los tres procesados solicitan el archivo de las actuaciones argumentando que sus representados no participaron en la delación, que la defensa de Ballesteros atribuye al equipo policial dirigido por Carlos Germán, que investigaba el aparato de extorsión y persiguió el chivatazo tras su comisión. El fiscal Carlos Bautista, por su parte, defiende que los hechos investigados no son constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista porque éste exigiría una "afinidad ideológica" con la organización terrorista ETA que no compartían los procesados.

Por su parte, las acusaciones populares, que ejercen Dignidad y Justicia (DyJ), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular (PP) con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, se opondrán al recurso y defenderán que los hechos deben ser enjuiciados por los delitos imputados por el juez instructor.