Acto de homenaje al último de los presos del 1-O en salir de permiso

El recibimiento popular a Turull contrasta con la relativa discreción con la que el resto de presos del «procés» han salido para incorporarse a sus nuevos «trabajos», a hacer tareas de voluntariado o a cuidar de familiares. Únicamente el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el de ERC, Oriol Junqueras, tuvieron un recibimiento público . Cuixart, que fue el primer de los presos en disfrutar de la vía del 100.2, fue agasajado por los trabajadores de su empresa cuando este se incorporó a la misma. Por su parte, Junqueras vio cómo varias decenas de estudiantes le vitoreaban al llegar al campus de Manresa de la Universidad de Vic (Barcelona), donde impartirá una asignatura hecha a su medida.

Estos recibimientos, particularmente el de Turull ayer, contrastan con el perfil, al menos de puertas afuera, pretendidamente bajo que se ha querido dar a la estancia de los presos en las cárceles catalanas . Así sucedió por ejemplo cuando los condenados fueron trasladados desde Madrid después del juicio, momento en el que la Asociación Catalana por los Derechos Civiles, integrada por las familias de los presos y los «exiliados», pidió que las concentraciones se realizasen con prudencia, no se cortasen carreteras y se garantizasen los traslados.

En su nuevo puesto de trabajo, Turull hará de abogado especialista en derecho público en el citado despacho de Tarrasa. Según lo acordado por la junta de tratamiento de Lledoners, Turull podrá estar fuera del centro durante 12 horas al día, cinco días a la semana. A su salida del centro, Turull apuntó en las redes sociales que el permiso que le han concedido «no es ni mucho menos la libertad». «Salgo cargado de infinita gratitud a tantas personas por tanto y con las convicciones y el compromiso político intactos». El día antes fue el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull el que salió de Lledoners para ir a trabajar a Mútua Terrassa, donde se incorporó al equipo de profesionales de Asesoría Jurídica de la entidad.

Son los técnicos de las respectivas cárceles -sobre el papel, sin mediación de la Consejería de Justicia- quienes pueden aplicar el artículo 100.2, y aunque la Fiscalía lo recurra su ejecución no se paraliza. Es en última instancia el juez de vigilancia penitenciaria el que debe decidir si lo avala. Eso ya ha sucedido en dos ocasiones con respecto a los permisos para Cuixart y Dolors Bassa. En el caso de Cuixart, el juez no atendió el criterio de la Fiscalía de que persiste el riesgo de reincidencia para el autor de la frase «lo volveremos a hacer». En el caso de Bassa, otro juez consideró que es una convencida de la vía de la negociación. Bassa anunció hace pocos días que acepta que la UGT de Cataluña, de la que fue dirigente, pida su indulto al Gobierno.