La defensa de Junqueras presiona al Supremo y le pide que devuelva «la pelota a la política»

En las antípodas de esa perspectiva se colocó Javier Melero, el abogado del Joaquim Forn, quien optó por una argumentación jurídica y enmendó la tesis del letrado de Junqueras en su primera frase . El letrado de Forn dejó claro que el plan secesionista ilegal debe resolverse en el perímetro del Derecho Penal, y no en otras instancias. «Esto no es política, es Derecho Constitucional aplicado y Derecho Penal, y hemos demostrado que desde su modesta práctica el Derecho Penal está en condiciones de dar respuesta a lo que aquí se ha planteado», manifestó Melero. Dos líderes del «procés», dos estrategias jurídicas antagónicas, dos visiones opuestas del mayor desafío a la democracia española en la historia reciente.

En lo que sí coincidieron todos los abogados defensores -ayer expusieron sus informes cuatro, en representación de siete procesados- fue en intentar esquivar las acusaciones más graves, admitiendo otros delitos menores, como el de desobediencia, que no conlleva penas de prisión . La Fiscalía considera que nueve de los doce acusados cometieron el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal, que castiga a los que deroguen la Constitución o declaren la independencia de una parte de España a través de un alzamiento violento.

El abogado Melero llegó a admitir que los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el «procés» podrían suponer delitos de desórdenes públicos o de resistencia a la autoridad, cuestiones que en ningún caso implican un atentado contra el orden constitucional, como es el delito de rebelión.

Al abordar los hechos concretos, el abogado de Junqueras contextualizó todos los pasos de la hoja de ruta del plan secesionista ilegal en un supuesto derecho a la protesta, que no ampara cometer ilegalidades. Para este letrado, el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre, en el que fueron destrozados dos vehículos y la comitiva judicial no pudo salir de la sede registrada hasta la madrugada, solo fue «una manifestación con mucha afluencia, en la que se tocaba música ska».

También calificó el documento Enfocats, uno de los que sustenta la estrategia del «procés» según las acusaciones, como un mero «panfleto con lugares comunes», del que se echaría a reír si este juicio no fuera tan grave.

Esa tesis -la de restar importancia a los actos del «procés»- fue una tónica en los informes de todos los abogados . «El 27 de octubre se proclamó la independencia y » al día siguiente todo el mundo fue a trabajar , declaró Jordi Pina, el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Se le olvidó mencionar a Pina que horas después de la declaración unilateral de independencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destituyó al Govern y suspendió la autonomía catalana al aplicar el artículo 155, un mecanismo constitucional que no se había empleado nunca en la democracia española.

En la misma línea se expresó Melero, que reconoció que esa teoría puede escocer en el independentismo . «El Govern no hizo ninguna declaración de independencia, digan lo que digan ellos», alegó el abogado de Forn, para añadir que los líderes del plan secesionista ilegal incluso incumplieron lo previsto en sus propias normas de la ruptura. Después del 27 de octubre «no se arría la bandera, no se dice nada al cuerpo diplomático y no se dictan decretos de desarrollo, y todo el mundo acepta el artículo 155». «Sé que esto puede molestar en determinados círculos, pero es lo que ocurrió».

Todos los letrados también negaron la existencia de violencia en el «procés» , más allá de unos pocos casos aislados. Van den Eynde rechazó que el plan secesionista ilegal empleara la violencia para lograr sus fines y, sobre todo, que los acusados la asumieran e incitaran. «La única violencia se cuenta con los dedos de la mano, son tres casos, actuaciones reactivas a una situación tensional concreta de un colegio determinado, efectuado por una persona aislada. Es la teoría de los grupúsculos», señaló. El letrado también negó que hubiera un alzamiento, como exige una rebelión . «La gente no salió a la calle a derrocar al Estado. Salió un día a protestar y otro a votar».

Para rebatir la rebelión, Melero también rechazó que el «procés» empleara la violencia que exige el delito de rebelión, que según él exige que el autor sea un «ejecutor armado». Acusó por ello a la Fiscalía de innovar para interpretar la ley y apreciar un alzamiento en términos «posmodernos».

El letrado acusó al anterior Ministerio del Interior de «vender» y «comprometer» el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y ello porque, en su opinión, desde la promulgación de las leyes de desconexión, el 6 de septiembre, la idea del Gobierno central de mandar efectivos a Cataluña «no era para dar cumplimiento a las instrucciones de la Fiscalía (de impedir la consulta) sino para que nadie pudiera decir que aquello era un referéndum homologado». La desconfianza en los Mossos siempre estuvo presente, dijo, y lo que se planteó fue una intervención «unilateral».