La Abogacía del Estado justifica la repatriación de menores por la situación «excepcional» y «precaria» en Ceuta

El escrito, al que tuvo acceso ABC, critica que la juez no haya ponderado la «perturbación grave de los intereses generales o de tercero que en el presente caso concurren de manera notoria» por la cantidad de menores que llegaron a Ceuta el pasado mayo (1.087 reseñados por la Policía Nacional) y los que se estima («entre 400 y 500») que están en situación de calle «sin ningún tipo de control».

En su opinión, la «necesaria activación» del acuerdo con Marruecos para la repatriación de menores «constituye un elemento importante para atender a esta situación excepcional» en Ceuta y «no puede desvincularse» lo uno de lo otro.

Sostiene además que ofrece una «cobertura jurídica suficiente para la existencia y aplicación de un procedimiento alternativo» al que contempla el Reglamento de la Ley de Extranjería, ya que la misma norma dice que el Estado suscribirá este tipo de convenios con los países de origen de la inmigración.

«Existe un claro soporte legal y marco jurídico que da cobertura al conjunto de actuaciones que en su caso permitirían, o harían posible, un retorno concertado de los menores», reitera la Abogacía del Estado.

Considera que lo que las ONG que han recurrido «parece que quieren impedir desarrollar, interesando su suspensión, es el conjunto de actuaciones materiales que puedan hacer efectivo un retorno concertado». «En definitiva, se va más allá de la mera actuación administrativa que justificaría la medida cautelar y se pretendería un vaciamiento absoluto del Acuerdo Internacional de 2007 », añade.

Además, la Abogacía afea a la juez que haya tomado la medida cautelar sin escuchar a Ceuta, habida cuenta de que ha sido «tras un análisis por parte del Gobierno de la ciudad autónoma de las circunstancias personales y familiares de cada menor» como «se han elaborado diferentes grupos de menores garantizando que aquellos vulnerables, aquellos que carecen de padres o que poseen cualquier situación que desaconseje su traslado, permanezcan» en suelo español.

«Todas esas competencias desarrolladas por las Autoridades del Gobierno de la Ciudad autónoma de Ceuta en el marco de los criterios de actuación alcanzados con las autoridades marroquíes conforme al Acuerdo de 2007, se concretaban en los listados de grupos de menores que se elaboraban por las autoridades del Gobierno de la Ciudad autónoma y se remitían para su ejecución a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a través del traslado a efectuar por la Policía Nacional con competencias en materia de fronteras», dice la Abogacía. Pide que se recabe la opinión del ejecutivo de Juan Jesús Vivas antes de dictar resolución.

También tiene unas palabras para contestar a la Fiscalía, que viene señalando que no ha sido tenida en cuenta en el proceso cuando de acuerdo a los pasos que marca la legislación de Extranjería, debe emitir informe. El escrito, que adjunta copia de las comunicaciones y de su acuse de recibo, revela que el día 13, cuando se produjo la primera repatriación, «se envió comunicación a Fiscalía, también por mail, de un nuevo documento que contiene 10 listas que suponen un total de 145 personas».

«Se dice expresamente, en el cuerpo del mensaje, que los traslados se iniciarían a partir de las 13.30h y que se trata de un listado enviado por la Delegación del Gobierno de Ceuta, según - a su vez- lo remitido por la Vicepresidencia Primera de la Ciudad Autónoma», añade el alegato, que incide así en que la Fiscalía sí fue informada.