Ábalos recurre la negativa del juez del caso Koldo a tenerle por perjudicado: «Es un daño irreparable»

Este informe es, de hecho, su percha para solicitar acceso, puesto que detalla irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia a la empresa instrumental Soluciones de Gestión y cerca la responsabilidad de las mismas en Ábalos o su gabinete. Se le suman las filtraciones del sumario por las que ya tiene una causa abierta en los juzgados de Madrid. «No parece posible negar que la tramitación de esta causa le está causando un perjuicio irreparable a mi patrocinado», dice el recurso, al que tuvo acceso ABC.

Ábalos solicitó acceder a la causa en calidad de perjudicado cuando trascendió que el juez había recabado del ministerio de Transportes la mencionada auditoría, que en su opinión «sólo busca un cortocircuito en la descripción de responsabilidad» por la compra de las mascarillas «prescindiendo de la dimensión de la situación» en que se llevó a cabo y «omitiendo la concurrencia de otras autoridades y cargos implicados en esas decisiones».

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Presentó una pericial de parte que rebatía la legitimidad de ese informe del ministerio y lo aportó junto a su petición de entrar en el procedimiento, al que no ha sido llamado aún como investigado, en calidad de perjudicado. Anticorrupción se posicionó en contra por considerar que «los hechos investigados, en principio, podrían ser constitutivos de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública» y «se hace muy difícil, por no decir imposible, tratar de encajar la condición como ofendido o perjudicado del Sr. Ábalos por alguno de los citados delitos».

«La mera discrepancia con el contenido de un informe en ningún caso ha de permitir su personación como perjudicado», decía el fiscal, en una línea argumental que compartió el juez Ismael Moreno y contra la que ahora presenta recurso el exministro al verse «objeto de una mención tan extrema con la pretendida asepsia de venir conformada por la administración pública» como la que recoge la auditoría, que le resulta «reputacionalmente inasumible y perjudicial» y contra el que pide poder plantar batalla dentro de la causa.