Ábalos pide al juez entrar en el caso Koldo como perjudicado y aporta su propia auditoría

En un escrito al que tuvo acceso ABC, Ábalos pide al juez que le deje entrar como perjudicado en la causa, dado que pese a no habérsele realizado «petición de información alguna» y no ha sido llamado al procedimiento «en ninguna condición», siguen «apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa». Se ve concernido y de ahí que su defensa quiera entrar en el procedimiento. En paralelo, tiene abierta una causa en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid por revelación de secretos en relación a las filtraciones de la causa que afectan a su esfera personal.

Pero además del escrito aporta al juez un informe pericial para contrarrestar la auditoría que encargó el ahora ministro de Transportes Óscar Puente, sobre aquellos mismos contratos y que le dejó a los pies de los caballos relatando una batería de irregularidades que tendrían origen, dice, en «el ministro o su gabinete». La defensa de Ábalos subraya que esa auditoría, «que en principio debería tener sólo la virtualidad de control interno a efectos de recomendar mejoras en la gestión del servicio», fue sin embargo difundida «de forma deliberada» por el ahora ministro, que la presentó en el Senado y la publicó en la web de su departamento. Recuerda que también se aportó a la Audiencia Nacional para la investigación cuando el juez libró requerimiento.

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Por eso, entrega su propio informe que, según explica, «además de analizar la falta de metodología como auditoría» del que impulsó Puente, «viene a desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones que proyecta y focaliza en la persona» de Ábalos.

La pericial, de 41 páginas y a la que tuvo acceso ABC, ha sido realizada por una abogada perito experta en compliance a partir de la auditoría, poniendo el foco en su acomodo a la legalidad. Destaca, por ejemplo, que «no consta» se haya publicado en el BOE la orden del ministro que acordaba realizar el informe sobre las contrataciones, que estas ya fueron objeto de fiscalización del Tribunal de Cuentas descartando ilegalidad o que el dictamen «contiene juicios de valor que le apartan de la objetividad requerida en una auditoría».

Asimismo, señala que varios de sus pasajes adolecen de «sesgo de confirmación, donde las conclusiones parecen estar influenciadas por expectativas previas del auditor», la documentación aportada está incompleta, no se han seguido «los principios fundamentales de auditoría como independencia, objetividad y evidencia suficiente» y no consta justificación de la selección de personas que fueron interrogadas, entre otras fallas.

Ahora, el juez tendrá que tomar una decisión sobre la posición de Ábalos en este asunto. El exministro no podría ser imputado en la causa directamente porque como diputado en el Congreso por el Grupo Mixto, goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Sí podría declarar en la Audiencia Nacional si el juez se lo ofreciera y él aceptase de forma voluntaria, pero aún no se ha producido ese escenario.

El avance de la investigación, donde las referencias a Ábalos son constantes, indica que tarde o temprano tendrá que declarar. Al fin y al cabo, él firmó las órdenes ministeriales de compra de las mascarillas y Koldo García era su mano derecha en el Ministerio de Transportes. Tendrá que poder dar su versión de lo ocurrido ante el juez.

No es así, un horizonte lejano, pero faltan aún diligencias clave. Entre ellas, escuchar la declaración de quienes ejecutaron aquellas compras, Álvaro Sánchez Manzanares en Puertos del Estado; Michaux Miranda en Adif y, por encima de ambos y con relación directa con el ministro y Koldo García, Jesús Manuel Gómez. Era el subsecretario de Transportes hasta que con el resultado de la auditoría encima de la mesa, Óscar Puente le cesó. Su declaración en aquella indagación administrativa ya sembró el camino hasta el despacho de Ábalos. Los tres declaran este mes.

Mientras, la Guardia Civil sigue procesando el resultado de las escuchas telefónicas y los correos intervenidos. Fuentes de Anticorrupción citadas ayer por Ep, apuntaban a la pendencia de un atestado que llevaría el caso al siguiente nivel: que el juez pida al Tribunal Supremo la imputación.