Ábalos duplicó en 38 minutos el pedido de mascarillas a la empresa del caso Koldo

«Preguntado el subsecretario por este cambio en la cuantía de las necesidades detectadas que vienen a justificar la modificación en el objeto de la emergencia, indica que el entonces asesor del ministro, Koldo García, le dijo que 'el proveedor suministraba 8 millones o nada', y que entendió que esta decisión venía avalada por el Ministro pues, de hecho, la nueva Orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él», recoge el informe de los auditores. Hubo un alto cargo más que corroboró su declaración, el «entonces DGOI» al «indicar que esta cifra de mascarillas se decidió a nivel ministro».

El subsecretario que refiere es el de Transportes y Movilidad, Jesús Manuel Gómez, imputado en el caso Koldo y cuyo cese ha anunciado Puente precisamente este viernes en la misma comisión del Senado, cuando también ha comunicado la destitución del director general de Personas de Adif, Michaux Miranda, igualmente investigado en la Audiencia Nacional.

«No puede menos que llamarse la atención sobre que esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características, ya referidos en este informe, dado que se considera no adecuadamente resuelta la justificación del alcance (número de mascarillas a adquirir) de la emergencia», dicen los técnicos.

Indican que en este caso, «la oferta de la empresa adjudicataria es aceptada por el órgano de contratación sin que parezca que exista mayor motivación para el órgano de contratación que su procedencia del Ministerio (al parecer, del Gabinete del Ministro)».

Subrayan que la tramitación de emergencia «debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia y, por lo ya expuesto, no parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas para 15 días naturales (duración del estado de alarma), en solo 38 minutos se duplique tal estimación».

Como leía ya Puente a los senadores en la comisión, la auditoría ha contrastado que efectivamente, Soluciones manejaba la cifra de 8 millones de mascarillas. De ahí que concluya que «pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia, duplicada en tan solo 38 minutos, estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades detectadas en relación con un tiempo determinado, 15 días naturales, que era en aquel momento (20 de marzo de 2024) el oficialmente previsto para el estado de alarma al amparo del cual se justificaba».

Añaden que «incluso en caso en que la situación fuese, como de acuerdo con lo señalado por el Subsecretario habría indicado el entonces asesor del Ministerio, Koldo García, que la oferta era 'o todo o nada', la hipotética inexistencia de margen de actuación entre cero y ocho millones de mascarillas, puesta en relación con la situación de estado de alarma en la que se desarrollaron todas las actuaciones, debería haber sido adecuadamente justificada en el expediente, como motivación del cambio en el alcance de la emergencia».

Y esto, partiendo de que Soluciones de Gestión fue «la única oferta que se analizó» y se consideró el 20 de marzo de 2020, el mismo día que se firmaron las órdenes de compra. Por «comprensible» que pudiera ser la ausencia de proveedores, «debiera al menos haberse justificado y documentado la búsqueda de otros candidatos y, sobre todo, las razones por las que se llegó a la empresa a la que se hizo el encargo», dicen los expertos.

Eso es precisamente lo que investiga el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y la razón por la que ha citado a Gómez y Miranda, así como al ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. Presume que hicieron «presión» para que se lo quedase Soluciones y no otro proveedor.

Durante la inspección, los funcionarios preguntaron al ya ex subsecretario cómo le había llegado la oferta y la respuesta es reveladora de cara a la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional. Dijo que se la había pasado Koldo García, que se la hizo llegar en papel.

En la subsecretaría no se encargaron de buscar ninguna empresa, según detalló, porque correspondía al órgano de contratación, que es al que remitieron la oferta que les había hecho llegar el asesor de Ábalos. «A partir de la documentación analizada y de lo declarado por los entrevistados, no se puede determinar quién contactó con la empresa Soluciones de Gestión, más allá de las afirmaciones realizadas por los entrevistados, que parecen apuntar al entonces ministro o su Gabinete», dice la auditoría.

Además, «la oferta de suministro en 48 horas realizada por la empresa era irreal, pues todo apunta a que ella por sí misma (y sin las actuaciones desarrolladas por el Ministerio para contar con la colaboración de la Administración Española en el Exterior) no hubiera conseguido realizar el suministro ni siquiera en el plazo en el que finalmente se realizó», cinco entregas que se extendieron hasta finales de mayo.

Encuentra también fallas la auditoría en la segunda compra, la de Adif. Cinco millones de mascarillas sin justificar la necesidad ni a qué colectivos iban dirigidas, compradas después de que Puertos del Estado hubiera adquirido el doble de las previstas y adjudicando el contrato a Soluciones de Gestión cuando ya había ofertas más baratas.

Cuando firmaron, el primer cargamento ni siquiera había llegado a España porque se estaban incumpliendo los plazos. Pero, además, faltan actas de entrega del material a organismos como Correos o las comunidades autónomas y se eligió al transportista -Raminatrans, 300.000 euros más IVA- sin justificar la decisión y existiendo muchas otras empresas de logística. Era la que pautó Soluciones de Gestión.

La auditoría encargada por Puente ha acabado encontrando más irregularidades de las que constan en la propia Audiencia Nacional, donde los contratos se dan por buenos y lo que se investiga es una trama de corrupción para que se adjudicasen a esa empresa, pero no los delitos de malversación propios de un desvío de fondos en una contratación pública.

Tan contundente es el dictamen, realizado durante los últimos meses por funcionarios del servicio de Inspección del Ministerio de Transportes, que el portavoz del PP en la comisión del Senado Fernando Martínez Maillo, destacó que a los suyos el ministro les había «dado la razón en todo». Fue el PP quien denunció en primer lugar aquellas compras de mascarillas que centran hoy el caso Koldo. Ahora, reclaman responsabilidades políticas porque sostienen que la trama no era del Ministerio de Transportes, sino «de Ferraz».

Junto a la publicación del informe, Puente anunció que asume las recomendaciones clave que contiene. Facultará a la Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras para que elabore un informe preceptivo de todas las adjudicaciones que tramite por la vía de emergencia el Ministerio de Transportes y sus órganos adscritos e impondrá la «obligación» de que los expedientes cuenten con un documento que detalle el proceso de toma de decisiones y la identidad de todos los intervinientes, además de extender los mecanismos antifraude a todos los fondos públicos. Y vigilar más y mejor quién entra a las sedes de su ministerio.