Puente cesa a los dos altos cargos de Transportes y Adif imputados en el caso Koldo

A lo largo de su exposición, Puente ha desgranado las principales conclusiones de ese informe que según ha dicho, le ha sido notificado el pasado martes, y según el cual, «parece evidente que los requisitos exigibles en estos expedientes no se cumplieron en su totalidad», con falta de justificación en el número de mascarillas a adquirir o falta de rigor en la selección de la empresa transportista y las actas de las entregas.

Tal y como ha detallado, «los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría» derivan en «una pérdida de confianza» que ha motivado esa decisión, por la que ha comunicado al subsecretario que ya no sigue en su puesto y ha trasladado al presidente de Adif que haga lo propio con el director general. Sostenía así que los ceses se sustentan «en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría práctica» sin «más consideraciones que correspondan a los tribunales», habida cuenta de la «situación procesal en que ambos se encuentran».

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El ministro, tras anunciar que la auditoría será aportada a las comisiones parlamentarias interesadas en el Congreso y el Senado y publicada en la web de su departamento para consulta pública, ha procedido a la lectura de parte del contenido tras subrayar que se trataba de un trabajo independiente realizado por funcionarios designados al efecto fruto de meses de recabar documentación de diversos departamentos y entrevistarse con los concernidos.

La primera compra de mascarillas, como es conocido, correspondió a Puertos del Estado. El informe llama la atención en que «en sólo 38 minutos» la orden de compra pasó de justificar la necesidad de 4 millones de mascarillas para los quince días que, a 14 de marzo, iba a durar el Estado de alarma, a pedir 8 millones, que «vienen a coincidir con la oferta de Soluciones de Gestión». «Pudiera parecer que esa duplicidad estaría más relacionada con la oferta que con las necesidades detectadas», dice el informe.

Subraya en este punto que, «incluso en caso de que la situación fuese» como declaró el subsecretario a la inspección, «en que la oferta era de todo o nada, la hipotética inexistencia de margen de actuación entre cero y 8 millones de mascarillas debería haber sido adecuadamente justificada en el expediente como motivación en el cambio del alcance de la emergencia».

No es ese el único problema que ha encontrado la auditoría, que incide en que la de Soluciones de Gestión fue «la única oferta que se analizó» y se hizo el 20 de marzo de 2020, el mismo día que se firmaron las órdenes de compra y aunque para los expertos «resulta comprensible que en ese momento hubiera pocos proveedores o incluso sólo uno, debiera al menos haberse justificado y documentado la búsqueda de otros candidatos y, sobre todo, las razones por las que se llegó a la empresa a la que se hizo el encargo».

Esto es precisamente lo que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, un presunto tráfico de influencias y otros delitos de corrupción como el cohecho, en el acceso de una pequeña empresa de Zaragoza que un año antes no había facturado ni un euro, a un volumen de contratación pública de 53 millones.

Pero hay más. El contrato comprometía la entrega del material en 48 horas y en realidad se realizó en cinco fechas distintas entre el 28 de marzo y el 20 de mayo, y corrió por cuenta de la empresa de logística Raminatrans por importe de 300.000 euros sin IVA no porque la seleccionase el ministerio de entre otros proveedores, sino por indicación de Soluciones de Gestión, y «no se motiva la elección» en un ámbito, el de la distribución «donde resultaba más fácil encontrar empresas».

«Existe toda una variedad de actas de recepción por los destinatarios de las mascarillas», dice además el informe de los auditores. Subrayan que en algunas «no hay firma, no hay sello, un trazado manuscrito o no figura nada». De hecho, «no hay constancia documental de la entrega de mascarillas por Raminatrans al Ministerio de Transportes en la sede de Madrid ni a las asociaciones representativas o con competencia en el ámbito del transportes de mercancías» como tampoco de Correos, las comunidades autónomas ni las empresas ferroviarias.

En cuanto a la segunda adquisición, que corrió por cuenta de Adif, la auditoría añade además que «no se encuentra estudio o análisis de necesidades que venga a justificar la adquisición de cinco millones más de mascarillas solo unos días después de la primera orden en la que se había decidido contratar el doble, los ocho millones» y la orden ministerial de compra «ni siquiera incluye los destinatarios concretos que justifiquen la contratación de urgencia». «Ni siquiera había aterrizado el primer avión con las mascarillas de Puertos del Estado», añade.

Se solventó esta circunstancia un mes después fijando los destinatarios de esas mascarillas en una resolución del ya exsubsecretario de Transportes y cuando esos cinco millones de cubrebocas ya estaban en territorio nacional.

Para esa adquisición «sí hubo más empresas oferentes, algunas con precios más bajos, por lo que se considera no justificada la elección del adjudicatario por el órgano de contratación teniendo en cuenta que el análisis situaba peor valorada a al empresa Soluciones de Gestión cuando a fecha de 24 de marzo, ninguna había prestado suministro», ha leído Puente en el Senado.

La revelación ha generado sorpresa entre los grupos parlamentarios, si bien aunque algunos han afeado al ministro que llegase con la auditoría leída en lugar de aportarla antes, en general han agradecido la explicación. El PP, representado por el senador Fernando Martínez Maillo, quien ha criticado que el cese de los dos altos cargos se produzca a estas alturas, cuando han sido citados a declarar como imputados y «ya no tenía un pase», ha celebrado que la auditoría confirma las tesis de los populares.

«Nos ha dado la razón en todo lo que veníamos diciendo», ha subrayado, para incidir en que ahora toca pedir «responsabilidades políticas» porque «el epicentro no está en el ministerio, está en Ferraz». «Se olvida de que Koldo era el asesor del ministro y del secretario de organización del PSOE y cuando llamaba Koldo a los ministerios, quien estaba llamando era Ferraz, quien estaba vendiendo las mascarillas era un señor que era el asesor del secretario de organización. Qué casualidad que todas las mascarillas hayan sido vendidas en fraude de ley, que ahora sabemos que fue en fraude de ley, siempre a instituciones gobernadas por el PSOE», ha señalado.

Para el PP, está claro que aún «hay más razones para seguir investigando» porque «falta todavía mucho por conocer». El también portavoz Luis Santamaría ha criticado con dureza las demoras en los ceses y Puente ha incidido en que les aparta por los resultados de la auditoría sin prejuzgar nada más y ha reproducido unas frases en defensa de la presunción de inocencia sacadas de un discurso de Alberto Núñez Feijoo.

Con esta premisa, ha acusado al PP de jugar con «doble rasero» y «doble vara de medir»: «El subsecretario por estar en un restaurante con Koldo ya está involucrado y si uno se va habitualmente de vacaciones con un narcotraficante sabiendo quien es y después dice que pensaba que era contrabandista le hacen presidente del partido».

Para el Grupo Socialista, sin embargo, lo que ha quedado evidenciado es «otra forma de hacer política» y «transparencia», conforme ha destacado el portavoz en esta sesión de la comisión de Transportes, Ramón Morales Quesada.

El informe de auditoría propone una batería de medidas de las que Puente ha anunciado la adopción de buena parte de ellas. La más destacada, una modificación de la Orden Ministerial de 2014 que regula la Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras para añadir una nueva competencia: tendrán que elaborar «un informe preceptivo previo en los expedientes de contratación de emergencia tanto del Ministerio de Transportes y Movilidad como de todos sus órganos».

Además, se establecerá la «obligación» de que las unidades que tramitan los expedientes de contratación hagan constar «un documento del proceso descriptivo del proceso de toma de decisiones con relación de todos los intervinientes, sea cual sea su rol y nivel de influencia» en el expediente. Se suma, en este sentido, un mayor control de los accesos y salidas a las sedes ministeriales,