Consuelo Madrigal: «A la Infanta le puede haber perjudicado ser un personaje público»

-¿Ha temido que se piense que su perfil es más cómodo para el Ejecutivo?

-No. No tengo ni he tenido un perfil político. Si el Gobierno hubiera querido un perfil político o más cómodo podría haber recurrido a un profesional más afín. No conocía a nadie del Gobierno cuando me propusieron ser fiscal general del Estado. Mi futuro está escrito en mi pasado y en ese sentido estoy tranquila. No temo presiones del Gobierno: podría resistirlas.

-¿Las ha tenido?

-No, pero si las tuviera no tendría ningún inconveniente en resistirlas porque tengo el orgullo y la obligación de la imparcialidad.

-Esta semana entró en vigor el nuevo Código Penal, que prevé por primera vez la prisión permanente revisable. ¿Es partidaria de esta figura o cree que es una cadena perpetua como manifiesta la oposición?

-Tal y como se ha configurado, tiene un carácter excepcional para delitos de extrema gravedad y siempre revisable, de forma que cuando el penado haya cumplido una parte considerable de la condena, si acredita la reinserción, puede obtener la libertad con el cumplimiento de unas condiciones. Interpretaremos el precepto como marque el Tribunal Constitucional (TC).

-En ocasiones usted no se ha manifestado muy a favor de esta figura...

-Todas las penas deben orientarse a la reinserción y se deben hacer los máximos esfuerzos para esa reinserción y rehabilitación de los condenados. Esos esfuerzos a veces fallan. Pero, aunque solo en una ocasión tuvieran éxito, valdría la pena intentarlo.

-¿Y la prisión permanente revisable es compatible con la reinserción?

-Dependerá de los casos y del trabajo en la ejecución de la pena.

-Existe la sensación de que la justicia suele llegar tarde. ¿Introducir plazos a la instrucción o despenalizar las faltas pueden agilizarla?

-Es incuestionable que hay que dotar de celeridad a la respuesta de la justicia. La Fiscalía está especialmente comprometida porque entre nuestras funciones está impulsar los procesos. Los plazos de instrucción nos parecen bien, pero en el marco de una reforma que atribuya la investigación al Ministerio Fiscal. Despenalizar las faltas es una medida de agilización.

-Se ha criticado que establecer límites a la instrucción puede favorecer la impunidad de los corruptos.

-Vamos a trabajar con toda nuestra dedicación para que no se produzca impunidad, sino al contrario, el efecto pretendido en la ley, que es la celeridad en la respuesta. A lo mejor tenemos que asumir instrucciones de menor calidad en pro de la celeridad, pero desde luego no de la impunidad.

-¿Asumirá algún día el fiscal la instrucción penal?

-Tiene que producirse inexorablemente porque es el escenario del derecho internacional y el comparado. El sistema de nuestro país es obsoleto y caduco, y muy disfuncional en la cooperación internacional.

-En su comparecencia en el Congreso abogó por evitar conformidades entre fiscal y acusados de corrupción.

-Dije que no íbamos a hacer ninguna conformidad inasumible para la sociedad, aquellas que supongan una ventaja para quien ha burlado la ley. Mi intención es que las que se produzcan, y más en casos de corrupción, sean asumibles y explicables.

-¿Habría que poner límites a los indultos a condenados por corrupción?

-El indulto es una medida de gracia que corresponde al Gobierno y es excepcional. Debe estar sujeta a una motivación, que es la que permite el control jurisdiccional. ¿No a los indultos en todos los casos de corrupción? No, porque no todos los casos son iguales; pero la regla general para un fiscal es que las sentencias claman por ser ejecutadas y solo muy excepcionalmente pueden dejar de serlo.

-¿La Infanta Doña Cristina ha sido víctima de un juicio paralelo?

-No puedo valorar esa pregunta. La Fiscalía, desde luego, no la ha acusado porque no ve indicios de delito en su comportamiento. Si en el ánimo del juez instructor ha pesado el juicio paralelo, eso ya podrán decirlo quienes la acusan, pero la Fiscalía no lo hace...

-¿Le ha influido el hecho de ser la Infanta: si llega a ser cualquier ciudadana anónima no estaría en la posición en la que se encuentra ahora?

-La relevancia pública de un personaje puede influir unas veces a favor y otras en contra. En este caso es posible que le haya perjudicado. No sabría valorarlo.

-¿Avala la actuación del fiscal del caso, Pedro Horrach?

-La Fiscalía es una. Lo avalo, sí.

-¿La recusación de dos magistrados del tribunal del caso Gürtel compromete la imagen de la Justicia antes de haber comenzado la vista?

-La recusación debe valorarse con mucha ponderación porque no puede dejarse en manos del acusado la elección del juez que le va a juzgar. Una excesiva flexibilización en las recusaciones puede condicionar el derecho al juez predeterminado por la ley. Hay que ponderar estos intereses.

-Estamos en un momento especialmente sensible por la desconfianza de la sociedad en las instituciones.

-Sí, hay una desconfianza de la sociedad en las instituciones y es preciso recuperar la confianza. ¿Cómo? Trabajando bien y alejando las reticencias sobre politización de la justicia con actuaciones netamente profesionales y con una dación de cuenta de esas actuaciones en clave jurídica y no política.

-¿Le parece normal que un recurso como el de la ley del aborto lleve años en el Tribunal Constitucional sin resolver? Da la impresión de que el legislador le pasa la pelota al Tribunal Constitucional, el TC al legislador…

-Cuando la justicia va lenta siempre tiene consecuencias negativas. A lo mejor la decisión del TC llega tarde. O no. No lo sé, ni sé cuáles son las causas de la demora…

-Según el presidente del TC, porque están esperando al legislador…

-Sobre las decisiones y el funcionamiento del TC su presidente es el más indicado para pronunciarse. Cuanto antes tengamos las decisiones de los tribunales, siempre será mejor. El TC debe pensar mucho sus decisiones.

-¿Le molestó que en su comparecencia saliera a relucir que usted firmó un manifiesto contra el aborto?

-No me molestó nada. Como ciudadana uno puede firmar los manifiestos que quiera. Otra cosa es lo que se deba o no hacer como fiscal general del Estado. La firma de manifiestos es un ejercicio de la libertad de expresión, de ideología, de creencias. Todo el mundo tiene derecho a ello. Forma parte de la riqueza de la sociedad.

-¿Hubo descoordinación entre las fiscalías en el caso Rato?

-No hablaría de descoordinación, sino de la confianza que la Fiscalía de Madrid tenía en que le correspondía la competencia. Si existió descoordinación con Anticorrupción, fue mínima.

-¿Y por qué Anticorrupción expresó su malestar si había rechazado meses antes esa investigación?

-Anticorrupción no vio depurada esa investigación. La Fiscalía de Madrid la vio muy depurada porque había pasado tiempo.

-¿Sabía que Rato iba a ser detenido?

-Sí, lo supe la tarde anterior.

-¿Y es cierto que los fiscales tenían la orden de no pedir la detención?

-Solo si no fuera necesario.

-¿Y era necesario?

-A posteriori yo creo que no era necesario, porque el investigado no opuso ninguna resistencia, no hizo ningún movimiento extraño que justificase una privación de libertad, colaboró en todo momento. El que entendió que era necesaria la detención fue el juez.

-¿Qué tiene previsto hacer la Fiscalía si Alaya se sigue negando a despiezar el caso de los ERE?

-Veremos cómo resuelve el TSJ de Andalucía sobre este reparto de trabajo, pero la consecuencia natural es el desglose en tres grandes piezas. Lo demanda la mera operatividad para el avance de la investigación.

-¿El hecho de que Viera sea ya el único aforado de los ERE en el Tribunal Supremo podría absorber al resto?

-Lo razonable sería que la competencia del Supremo siguiera para todos los imputados incluidos en la exposición razonada. El instructor ha pedido el suplicatorio sin dar traslado a informe de la Fiscalía porque no es imprescindible; cuando lo hagan ya lo veremos.

-¿Es partidaria de limitar el número de aforados?

-Es posible que sea conveniente una limitación, en parte del número y en parte de la extensión del fuero. Podría ser conveniente analizar la extensión del fuero a los hechos realizados con ocasión del cargo, no a cualquier hecho realizado vigente el cargo. Y revisar los efectos procesales de la pérdida de fuero.

-Tras el archivo de los tuits de Zapata, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y la humillación a las víctimas del terrorismo?

-El Código Penal establece como conducta de exaltación del terrorismo el escarnio o la humillación de una víctima. La libertad de expresión es un derecho, pero la dignidad de las víctimas del terrorismo es un bien jurídico prevalente a la libertad de expresión. Esto no depende de los sentimientos particulares de una víctima, sino de la objetividad y gravedad del atentado a la integridad moral.

-¿Supuso la pitada al himno en la final de la Copa del Rey un delito de ultraje a los símbolos nacionales?

-Estamos estudiando proceder contra los organizadores y promotores de ese acto de ultraje al himno. Creemos que sí puede encajar en el tipo penal y que es posible articular una acusación contra personas identificadas, los organizadores del acto, pero aún tenemos que depurar la información.

-Parece que se quiere acallar a los medios. Con el debate sobre un posible castigo a quien publique una filtración judicial, y con la prohibición de grabar imágenes de imputados….

-Las filtraciones tienen ya castigo en el Código Penal, pero no a los medios de comunicación, sino a las personas obligadas a guardar secreto sobre asuntos que conocen por su cargo. Es suficiente. Respecto a los detenidos, hay un derecho que establece que el arresto debe practicarse de la forma que menos perjudique a la persona, honra y patrimonio del detenido. Evitar exposiciones innecesarias no me parece que sea coartar la libertad de información.