Los sefardíes tendrán que pagar 100 euros para adquirir la nacionalidad

Esta ha sido una de las cuatro modificaciones introducidas «in voce» este martes por el Grupo Popular al texto remitido por el Congreso. El dictamen de la Comisión ha sido apoyado por todos los grupos, excepto Entesa, que se ha abstenido y el Grupo Mixto, que ha votado en contra.

La senadora popular María del Carmen Dueñas Martínez ha explicado a Europa Press que la decisión de recuperar la tasa y aumentarla se debe a que la tramitación de la solicitud de la nacionalidad conlleva «un coste para la administración española» y es necesario «compensar el uso de estos servicios». En cualquier caso, ha precisado que es "una de las tasas más bajas del entorno".

A esta tasa estará sujeto todo aquel descendiente de sefardí que inicie el procedimiento para obtener la nacionalidad española, independientemente del resultado final del mismo. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia. Por otro lado, se incorporado otra enmienda, a propuesta del PP, que elimina la necesidad de que el interesado en obtener la nacionalidad se desplace a España dos veces y lo reduce a una.

Así, el solicitante deberá viajar a este país solo cuando le cite el notario tras recibir toda la documentación pertinente, una comparececia obligatoria a la que no podrá acudir un representante legal en lugar del interesado y en la que este tendrá que aportar los originales de los documentos probatorios.

Sin embargo, ya no tendrá que desplazarse en una segunta ocasión, una vez que el notario ofrezca una resolución positiva de la solicitud. En ese momento, el solicitante podrá realizar estos últimos trámites, juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, ante el Registro Civil consular, evitando así, según ha explicado Dueñas «un gasto doble» para la persona que solicita la nacionalidad.

Además, el Grupo Popular también ha utilizado su mayoría para «acotar» la ley a la concesión de la nacionalidad de los sefardíes, de forma, eliminando los preceptos que regulaban el procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia, que sí se incluía en el texto remitido por el Congreso.

Así, la norma pasará a denominarse «Proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España». Esta decisión viene motivada, según ha apuntado la senadora Dueñas, por la «singularidad» que merece el caso de los sefardíes. Además, los «populares» argumentan que la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia tendrán su regulación propia y serán objeto de desarrollo reglamentario específico.

Otro cambio introducido en el texto del proyecto de ley que será debatido en el Pleno del Senado, es el que se refiere al papel de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), de forma que el texto queda redactado como sigue: «El interesado podrá acompañar un certificado expedido por el presidente de la Comisión Permanente de la FCJE que avale la condición de autoridad de quien lo expide». Y se elimina el texto: «que avale la veracidad del contenido de los documentos».

En todo caso, el senador del Grupo Parlamentario Vasco Jokin Bildarratz considera que se ofrece el mismo argumento que en el anterior texto y ha propueso al Grupo Popular redactar una transaccional en este sentido, algo que ha aceptado la senadora del PP Silvia Franco González. «Recogemos el guante de poder negociar hasta el Pleno», ha afirmado.

Los grupos que había presentado vetos al proyecto de ley, los cuales han sido rechazados por el Grupo Popular, planteaban, entre otros asuntos, la ampliación de la norma a moriscos, saharauis y bereberes. Ante este veto, la senadora Franco González ha explicado que habría que valorar para ellos «otra iniciativa parlamentaria específica» dada la «singularidad» de esta ley.

Sin embargo, el senador del Grupo Socialista Arcadio Díaz Tejera, ha dudado que se vaya a tener «la misma sensibilidad y comprensión» con esos otros colectivos, o por ejemplo, con los hijos de españoles en el extranjero que han perdido la nacionalidad al cumplir los 18 años, ya que todos ellos «no tienen ningún poder político y económico detrás».

Franco González también se ha defendido de la crítica sobre una supuesta «privatización» ante el papel de los notarios en el procedimiento de concesión de la nacionalidad y ha asegurado que tal privatización «no existe porque los notarios son funcionarios públicos». También ha subayado la importancia de «mantener» las dos pruebas de conocimiento de la lengua y la cultura española que serán diseñadas por el Instituto Cervantes.