Ruz imputa a Acebes por la compra de acciones de un medio digital con la caja B del PP

La policía ha investigado esos hechos a partir de nueve apuntes manuscritos que aparecían en la contabilidad paralela aportada por Barcenas entre 2004 y 2005 y que, según el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, podrían constituir un delito de apropiación indebida.

Según la declaración que presto Barcenas, estas operaciones de compraventa de acciones de Libertad Digital, cuyo emblema y socio es el periodista Federico Jiménez Losantos, fue solicitada por Alberto Recarte, entonces presidente de Libertad Digital al entonces secretario general del partido popular, Ángel Acebes. Recarte, que ha sido citado a declarar como testigo, pidió al entonces secretario general del PP, siempre según el relato de Bárcenas, que encontrara personas que suscribiesen acciones en el proceso de ampliación de capital que estaba siguiendo el medio de comunicación.

Álvaro Lapuerta le habría planteado a Acebes utilizar los fondos de la caja b del partido para suscribir acciones, con el fin de que esas participaciones fueran traspasadas a terceros. El propio Lapuerta, Francisco Yáñez –presunto testaferro de Bárcenas- y Rosalía Iglesias –esposa del extesorero del PP encarcelado- figuraron como suscriptores de acciones, utilizando el dinero de la contabilidad B del partido.

Los tres vendieron posteriormente las acciones y en el caso de Lapuerta, y Rosalia Iglesias no consta que el dinero retornase a la caja B del partido. A Acebes se le cita como imputado por su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación, pudiendo haber colaborado a que «tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos».

El juez se basa en la doctrina del Tribunal Supremo, que contempla la apropiación indebida «por comisión por omisión» en la responsabilidad por la conducta de terceros subordinados al omitente, sobre los que el mismo tuviera posibilidad de ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar el resultado, cuando la actividad de aquellos fuera considerada como una fuente de peligros para intereses ajenos.

El magistrado ha tenido en cuenta las funciones que según los estatutos corresponderían al secretario general del PP. A Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, no se les cita porque ya están imputados por estos hechos en la pieza separada llamada «Época 1».

El juez también ha citado a declarar como testigos al el exdirector general del Ministerio de Justicia Alberto Dorrego y al abogado Borja García Nieto, que participaron en la compraventa de acciones.