¿Para qué sirven y qué gasto suponen los Consejos Consultivos autonómicos?

El Gobierno de Mariano Rajoy, en su informe sobre la reforma de la Administración Pública, propuso la eliminación de estos órganos , aunque solo Cantabria ha eliminado recientemente su Consejo Consultivo. El papel de estos organismos, que acoge en varias Comunidades a políticos retirados y que otorga, en algunos casos, el cargo de forma vitalicia a los expresidentes regionales, ha sido cuestionado en más de una ocasión.

El principal argumento para sostener la necesidad de eliminar estos Consejos consiste en asegurar que el Consejo de Estado , su homólogo a nivel nacional, también puede asesorar a las autonomías.

Lo curioso es que los Consejos Consultivos autonómicos cuestan, en su conjunto, más del triple que el Consejo de Estado. Los gastos de personal se disparan en la misma proporción: cerca de 20 millones entre los diecisiete consejos consultivos autonómicos, frente a los en torno a 7 millones del Consejo de Estado.

Los Consejos Consultivos autonómicos tienen funciones similares en las diversas Comunidades, pero su composición es distinta. El número de consejeros varía desde los cuatro que conforman el de Castilla y León hasta los más de diez que constituyen el de Andalucía. En definitiva, su función principal es revisar, a través de reuniones semanales , el trabajo de los respectivos gobiernos.

En Cataluña tienen dos órganos de este tipo: la Comisión Jurídica Asesora —«alto órgano consultivo del Gobierno de la Generalitat»— y el Consejo de Garantías Estatutarias. Este último ha tenido un protagonismo especial en los últimos meses debido a tener como función el explicar al Gobierno de la Generalitat si las medidas que toma son acordes al Estatuto y a la Constitución. Fue este Consejo de Garantías Estatutarias quien ratificó la «adecuación» de la ley de consultas populares al Estatuto y a la Carta Magna.

Los Consejos Consultivos han ido blindándose en los respectivos Estatutos de autonomía. Su creación fue sencilla, pero eliminarlos es más complicado porque están amparados por leyes orgánicas, que no son inamovibles pero a las que rápidamente apelan las autonomías que se niegan a suprimir esos entes. Leyes orgánicas, por cierto, que en su día no sólo fueron aprobadas por el Parlamento autonómico de turno, sino en último término en las Cortes Generales.