«Dieta» para ahorrar 37.700 millones

La «Reforma» se escribe con mayúsculas en el centro de operaciones que, situado en Moncloa, dirige los pasos de un proceso que quiere ser revolucionario para la cultura administrativa en España. Poco a poco, medida a medida, se está ajustando el tamaño del edificio público, que amenazaba con transformarse en un colosal rascacielos sin cimientos suficientes. Desde el pasado 21 de junio, cuando se hizo público el llamado «informe Renovales», por el nombre de su autor, subsecretario de Presidencia, se han ido aprobando normas y acuerdos dirigidos a revolucionar las Administraciones Públicas. Y se está haciendo sin grandes alharacas, con un trabajo minucioso y constante.

La racionalización de la Administración es el núcleo mollar del plan reformista de Rajoy. En el proyecto se recogieron 218 medidas concretas, «no etéreas»; como se encargó de subrayar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un objetivo tan básico como eficiente: hacer mucho más con menos, sin perder calidad y revolucionando la cultura administrativa en España.

El «vuelva usted mañana», incrustado de manera secular en esa cultura, debía dejar de existir. El Gobierno propuso un total de 120 medidas a las Comunidades para eliminar duplicidades. Se trataba de suprimir, por ejemplo, los 11 defensores de pueblo autonómicos (que tienen un coste anual de 32 millones de euros, y cuya queja tramitada cuesta 835 euros, frente a los 414 del Defensor del Pueblo nacional), pero también de eliminar los distintos institutos de meteorología regionales, solapados claramente con el nacional, y liquidar las cámaras de cuentas autonómicas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y los institutos de opinión (habría un solo CIS para todos), cuyas tareas ya se realizan en organismos nacionales. Pero la propuesta se basa también en compartir medios para ser más eficientes, como ocurre con la asistencia de emergencias en carretera.

El plan recibió en seguida críticas de los que querían un recorte tajante del Estado y de las estructurales territoriales. Pero lo cierto es que el adelgazamiento global de la Administración entre los años 2012 y 2015 puede suponer un ahorro total de 37.700 millones de euros. Y los ciudadanos dejarán de gastar 16.500 millones de euros hasta 2015 por la modernización de la Administración.

Son unas cifras mareantes que avalan el intenso trabajo de un equipo capitaneado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, como lugarteniente, con Angelina Trigo como mano ejecutora, con el cargo de directora de la Oficina Para la Ejecución de la Reforma de la Administración (Opera), y Pilar Platero, vicepresidenta de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) y subsecretaria de Hacienda, en el trabajo de campo.

En cuanto el Consejo de Ministros dio luz verde, el 21 de junio, al «informe Renovales», que suponía la auditoría completa de la Administración, -algo inédito en la democracia, después de siete meses de sesudo análisis y radiografía de datos, para a partir de ahí empezar a tomar medidas-, se aprobaron las primeras normas. La primera de ella fue la ley de impulso de la Facturación Electrónica.

Y empezó a tomarse en serio algo que ya empezaba a ser surrealista en España, la proliferación de organismos públicos, que nacían como setas en los últimos años. De entrada se propuso suprimir 90 observatorios autonómicos o estatales y reformar 57 organismos públicos. Desde entonces se han aprobado ya 35 normas o acuerdos relacionados con la reforma de la Administración, en 20 consejos de ministros. Así, se ha dado luz verde a un acuerdo para la reducción de las cargas administrativas, que supone la simplificación de 63 trámites con la Administración y permitirá un ahorro anual estimado de más de 478 millones de euros.

También se ha aprobado un Plan de lucha contra la morosidad, una ley de apoyo a Emprendedores con medidas de simplificación administrativa para las empresas y facilidades para el acceso a la contratación pública. Se ha remitido a las Cortes la reforma de la Administración Local, que clarifica el régimen competencial para evitar duplicidades y garantizar la estabilidad financiera.

Se ha aprobado con carácter definitivo la ley de Unidad de Mercado, también el proyecto de ley de Evaluación Ambiental, que simplifica los procedimientos de evaluación e impacto ambiental. Otro proyecto de ley que ha recibido un impulso es el de Telecomunicaciones, que elimina trabas a las empresas. Ha empezado a redactarse un Manual de racionalización y eliminación de duplicidades, que estará disponible en enero del próximo año 2014.

La tarjeta sanitaria individual está ya regulada, para que sea operativa entre todas las Comunidades. Su finalidad es crear una base de datos de tarjetas sanitarias, basada en el Código de Identificación Personal en el Sistema Nacional de Salud, exclusivo y vitalicio para cada ciudadano en todo el Estado, al que se asocia su información clínica. Hay más medidas, como la implantación de una licencia deportiva única.

La reordenación del sector público está dando sus frutos: se ha procedido a la extinción, fusión e integración de organismos en instituciones públicas. Se actúa sobre 67 de ellos y se han suprimido, en términos netos, 53. En las comunidades, más de 535 empresas públicas han desaparecido en el último año y medio, y el proceso culminará con la eliminación de 738, según los datos que ha aportado la vicepresidenta Santamaría. Con la reforma se establecen requisitos muy estrictos a la hora de crear un ente público. Así, habrá una revisión periódica de los organismos que ya existen para ver si están justificados o no.

Además, se ha impulsado la centralización de compras y servicios y se ha aprobado la modificación o derogación de 2.700 normas, tras examinar un total de 6.500, que afectan a la unidad de mercado. La aprobación definitiva en el Parlamento de la ley de Unidad de Mercado, el pasado jueves, supone un paso de gigante en la «revolución» de las administraciones. Al mismo tiempo, Hacienda ha vendido ya 1.036 inmuebles, y ha obtenido con ello 108 millones de euros en ingresos más otros 45 millones en ahorros de alquileres.