Andalucía expropiará suelo privado para exhumar fosas de la Guerra Civil

La norma prevé un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el franquismo, al tiempo que se faculta a la Administración autonómica a llevar a cabo una actuación subsidiaria. Además, contempla un régimen de infracciones con sus correspondientes multas y la retirada de subvencione a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

Del contenido del anteproyecto informó en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas , quien consideró que Andalucía vivió ayer «un día histórico para la democracia», por cuanto la norma, apuntó, sitúa a la Comunidad autónoma en la vanguardia de España en materia de Memoria Democrática.

El anteproyecto, según Valderas, cuenta con el aval del relator de las Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas. El texto amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares, a los niños robados, a los internados en los campos nazis y a quienes sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas.

Asimismo, prevé la elaboración de un censo que tendrá carácter público e iniciativas de dignificación de las fosas comunes, de acuerdo con los ayuntamientos. Tras las exhumaciones, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identiicación de los cadáveres y establecer un banco de datos de ADN.

Otras de las novedades de la futura Ley será la atribución al Gobierno andaluz del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad.

Dentro de este contexto jurídico, en el preámbulo de la norma se hace referencia al «padre de la patria andaluza, Blas Infante, asesinado en pro de una Andalucía más libre y más justana. La sentencia que condena después de su propia muerte a Blas Infante sigue en vigor, lo que resulta incompatible con lo expresado en neustro Estatuto de Autonomía (...) Y en consecuencia debe de plantearse al Estado español la exigencia democrática de la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal de represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público».

El anteproyectro incluye un régimen sancionador. Fija fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y los 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. Incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática y trasladar restos humanos sin autorización, o no informar del hallazgo casual de restos serán consideradas infracciones graves y podrán ser sancionadas con multas de entre 2.001 y 10.000 euros.

Por último, serán consideradas faltas leves (con sanciones de entre 200 y 2.000 euros) la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, o impedir la visita pública, dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria.

Las políticas de recuperación de la Memoria Democrática en Andalucía se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las personas que lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Dos años después, a través del decreto 1/2001, se establecieron compensaciones para los andaluces represaliados por el franquismo. En 2003, un nuevo decreto amplió el derecho a las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de entre tres meses y tres años. Estas ayudas han beneficiado a un total de 2.506 ciudadanos hasta 2013.

Asimismo, se han concedido 114 indemnizaciones, por importe de 205.200 euros, a mujeres represaliadas durante la postguerra civil y la Dictadura.