¿De qué acusa el PSN a Barcina?

Los continuos ataques a la presidenta, en concreto, y al Gobierno, en general, por parte del dirigente del PSN-PSOE, se remontan a julio de 2012, cuando la presidenta cesó de su cargo de vicepresidente del Gobierno y Consejero de Presidencia, Justicia e Interior a Jiménez, por considerar que actuaba «de manera desleal».

El principal motivo esgrimido por Jiménez para la crítica al Gobierno del que formaba parte él y otros dos consejeros más de su partido fue que «el agujero en las cuentas navarras» era superior a los 132 millones de euros de los que se hablaba.

A partir de ahí, el Gobierno de Barcina, sustentado ya sólo por UPN, se quedaba en minoría parlamentaria y ha ido viendo la dificultad de sacar iniciativas parlamentarias adelante, y, especialmente, los presupuestos de la comunidad, que se han venido prorrogando desde la ruptura.

A ello se suman también los partidos nacionalistas, así como I-E, que no han renunciado nunca a unir sus votos a los socialistas para desalojar del Gobierno a UPN.

El cobro de dietas de Caja Navarra por su asistencia a la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras fue otro de los hechos que la oposición aprovechó para poner entre las cuerdas a la presidenta y al ejecutivo que preside. Se imputó a varios dirigentes y exdirigentes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, incluida la presidenta.

La Sala Penal del Supremo archivó el pasado año, por inexistencia de delito, la exposición razonada elevada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, que apreció indicios de un supuesto cohecho impropio.

El último de los asuntos, que ha sido el que ha dinamitado la situación, han sido las declaraciones de la ex gerente de la Hacienda Navarra, Idoia Nieves, que en sede parlamentaria, entre otros asuntos de índole económica, acusó a la vicepresidenta primera y consejera de Economía y Hacienda de injerencias en la labor de este organismo y en aprovecharse de su cargo para su beneficio .

El resultado ha sido que se ha aprobado hoy mismo , por unanimidad de los grupos parlamentarios, la creación de una comisión de investigación en la que se va a estudiar el estado de las Cuentas de Navarra, su evolución desde 2011 y su relación con la aplicación de políticas para el cumplimiento del objeto de déficit.

Igualmente, «las directrices efectuadas por la Presidenta del Gobierno de Navarra para retrasar las devoluciones del IVA incumpliendo los plazos establecidos legalmente y los efectos que ha supuesto sobre la economía navarra».

También, las acusaciones formuladas por la ex directora gerente de la Hacienda Foral sobre «injerencias constantes en grado de tentativa de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo contra la independencia de la Hacienda Foral», así como las las acusaciones formuladas por la ex directora gerente de la Hacienda Foral en relación a la «petición de información personal protegida por la ley por parte de la Consejera y la Presidenta del Gobierno de Navarra».

La consejera ya anunció, como ya informó ABC , que tomará acciones legales por las acusaciones vertidas, que ha negado taxativamente. Por su parte, tanto la presidenta de Navarra como el portavoz parlamentario, Carlos García Adanero, han señalado que la oposición «ya tiene las conclusiones hechas».