El interventor que señaló a Griñán como culpable declarará el 25 de julio
El auto implica a funcionarios designados por Griñán
luis montoto
Desde que hace dos años y medio la juez Mercedes Alaya empezara a desmadejar el fraude de los ERE, José Antonio Griñán ha tratado de desmarcarse del caso y culpar a los Ejecutivos de Manuel Chaves. Sin embargo, con el auto de ayer la ... onda expansiva del mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía toca de lleno a sus Gobiernos, ya que los funcionarios que están a su servicio se sitúan al mismo nivel que los de su antecesor en la investigación «del dispendio continuado de fondos públicos». Hay tres imputaciones que son especialmente relevantes. Dos de ellas por la enorme repercusión que tendrán en las recién convocadas primarias (uno es la mano derecha de Susana Díaz, aspirante a suceder a Griñán y el otro es un hombre clave en la Consejería de Economía e Innovación).
Aunque sin duda, la imputación que puede acarrear las peores consecuencias para propio futuro legal del presidente andaluz es la de Manuel Gómez Martínez. Este exinterventor general de la Junta de Andalucía es, hasta la fecha, el primer y único responsable de la Administración regional que ha señalado repetidamente a José Antonio Griñán como responsable directo del fraude de los ERE. Lo hizo en la Comisión de Investigación del pasado año y, posteriormente y de manera más clara, en una misiva remitida al Parlamento andaluz, en la que acusaba al mandatario de «cebar sin descanso» la partida presupuestaria que financió el que califica como «el más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia». Es el único de los nuevos imputados que ya está citado para declarar (será el próximo 25 de julio).
Consecuencias políticas
Si atendemos a las repercusiones políticas más inmediatas, la imputación más sorprendente ha sido la de Antonio Vicente Lozano Peña, ya que actualmente es el número dos de Susana Díaz, la candidata «in péctore» de Griñán para tomar el relevo al frente de los socialistas andaluces. Díaz es consejera de Presidencia y Lozano Peña ocupa la viceconsejería. En cualquier caso, tiene que rendir cuentas por su anterior etapa en la Junta de Andalucía, cuando ejercía como director general de Presupuestos (entre 2002 y 2009), un cargo que desempeño a las órdenes de Magdalena Álvarez y de Griñán.
Hasta el momento, las responsabilidades políticas se habían buscado fundamentalmente en las Consejerías de Empleo. El auto de ayer extiende la responsabilidad a las Hacienda y a Economía e Innovación. En esta segunda cartera (que también está siendo investigada por el caso Invercaria), hay un segundo imputado especialmente relevante. Se trata de Antonio Valverde, que actualmente es director de la Agencia Idea (el órgano de esta consejería que ha gestionado las partidas del «fondo de reptiles»). Valverde fue designado directamente por José Antonio Griñán en diciembre de 2009. La juez Alaya ha imputado a todos los directores de la agencia desde 1999 pero, al incluir a también a Valverde, señala de nuevo directamente al Gobierno de José Antonio Griñán.
En el proceso también han entrado otros dos nombres que destacan por su trayectoria posterior a su salida de la Junta. Uno de ellos es José Salgueiro, hombre de confianza de Magdalena Álvarez al que designó como presidente de Renfe en su mandato al frente del Ministerio de Fomento. El segundo es Jacinto Cañete, quien tras su salida de la Junta de Andalucía pasó a dirigir la delegación de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Andalucía.
En el auto figuran numerosos funcionarios que si bien entraron en los Gobiernos andaluces en fechas anteriores a la llegada de Griñán, continuaron prestando sus servicios posteriormente. Es el caso de Juan Alfonso Luque (actual interventor delegado en Empleo); Juan Francisco Soler García (secretario general técnico en Empleo e Innovación y hasta fines de 2012 director financiero de Idea); Lourdes Medina (secretaria general técnica en Empleo hasta fines de 2012); Buenaventura Aguilera (secretario general de presupuestos hasta junio de 2012) o Justo Mañas (viceconsejero de Empleo hasta mayo de 2012).
En total, veinte imputados que ya extienden las responsabilidades a tres consejerías y a más de catorce años de gestión de Gobiernos socialistas.
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