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Caso de los falsos ERE: ¿3.000 millones de euros en fianzas civiles?

Anticorrupción ha pedido nuevas fianzas millonarias a cuenta de la trama de corrupción que, sumadas a las ya decretadas por la juez Alaya, podrían alcanzar los 3.000 millones de euros

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Hasta 3.000 millones de euros podría alcanzar la suma total de las fianzas civiles impuestas a los imputados por el caso de los ERE en Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer fianzas civiles de más de 1.065 millones de euros a los nueve imputados en la última fase de la investigación sobre los ERE fraudulentos, que intruye la juez Mercedes Alaya.

De llegar a decretar la calidad que solicita la Fiscalía, las fianzas destinadas a responder de las futuras responsabilidades civiles de todos los imputados hasta ahora en la trama podría acabar alcanzando la friolera de 3.000 millones de euros.

El pasado mes de abril, la juez impuso a altos cargos de la Junta de Andalucía más de 2.150 millones de euros como fianza de responsabilidad civil, es decir, para hacer frente al dinero supuestamente defraudado o malversado a las arcas públicas. Estas cantidades son independientes de las fijadas para algunos de ellos para eludir la prisión.

Así, la fianza más elevada de todas ellas es la que la juez Alaya impuso al exconsejero de Empleo Antonio Fernández después de enviarlo a prisión hace justo un año. El ex alto cargo de la Junta de Andalucía —que fue capaz de recabar 450.000 euros que le impusieron para salir de prisión— debe hacer frente a la más alta de todas las fianzas por responsabilidad civil del caso, por valor de más de 807 millones de euros.

Las comparecencias para las fianzas de los últimos nueve imputados, conocidas el miércoels, fueron realizadas en mayo pasado, cuando las actuaciones estaban bajo secreto sumarial, y se han conocido ahora que la juez Mercedes Alaya ha levantado el secreto de las actuaciones.

Por su cuantía, l as fianzas más elevadas fueron los 258 millones de euros reclamados para los exdirectivos de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, cuya empresa está acusada de cobrar sobrecomisiones por los ERE que luego servían para el "enriquecimiento personal" de los imputados y altos cargos de la Junta presuntamente implicados.

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