Cuando la pena es no seguir viviendo: unidos por Pablo Ibar, último español en el corredor

Éste es el relato que hizo Andrés Krakenberger , portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, en una dependencia del Consejo General de la Abogacía Española, en el Paseo de Recoletos de Madrid. El acto, organizado por la Fundación Abogacía Española y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España, estuvo cargado de emotividad. Especialmente con las intervenciones de Joaquín José Martínez, primer español y europeo en salir del corredor de la muerte, Francisco Larrañaga, liberado de una condena a muerte en Filipinas, y Cándido Ibar, padre del único español condenado a muerte a día de hoy. Todos los ponentes de la mesa de inauguración y de la mesa redonda abogaron por un juicio justo para Pablo Ibar y por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

Volver a la vida

Joaquín José Martínez no podía disimular su alegría de participar en este acto, celebrado precisamente un 6 de junio, cuando se cumplen doce años desde que un Tribunal le declarara por unanimidad no culpable por falta de pruebas de un asesinato de 1995. Martínez recordó con sincero agradecimiento cómo Cándido, el padre de Pablo, estaba presente en aquella sala el día que le liberaron del infierno. El español no pudo retener unas lágrimas al recordar que este mismo 6 de junio era la graduación de su hija, quien al saber que su padre tenía esta ponencia le dijo: «Te estaremos esperando para celebrarlo». Martínez, que padeció tres años en un corredor de la muerte de Florida, clamó que el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra en Madrid del 12 al 15 de junio, es una «gran oportunidad para todos los que están a favor de los derechos humanos y del derecho a la vida». Además de manifestar su deseo que Pablo Ibar esté «en el próximo acto o evento», aseguró que luchará «hasta el último momento por su vida».

Francisco Larrañaga, otro español liberado del yugo de la pena capital, narró su historia: en 1997 era alumno de un curso de hostelería en Manila cuando seis hombres armados le detuvieron, sin concederle ninguno de los derechos de los que disponemos en el mundo occidental. Le acusaron del secuestro, la violación y el asesinato de las hermanas Chiong, suceso ocurrido en otra isla a la que sólo se podría ir en barco o en avión. La fecha del crimen coincidía con unos exámenes del curso, pero el juez no quiso escuchar a los cuarenta testigos que hubieran confirmado su presentación a las pruebas. No tenían la prueba del ADN. Larrañaga recurrió la sentencia inculpatoria a la Corte Suprema de Filipinas, que siete años después de su ingreso en prisión le impuso la pena de muerte. El juez, que era el abuelo de las víctimas, se suicidó tres meses después de dictar esta sentencia. La secretaria del juez era la tía de las víctimas. Larrañaga recurrió a la ONU, que fueron los primeros en darle la razón y en exigir su inmediata puesta en libertad. «Pero Filipinas no respeta a las Naciones Unidas».

Afortunadamente, Larrañaga regresó a España en 2009 para cumplir aquí su condena. En la actualidad tiene que dormir todos los días -salvo alguna excepción como esta fecha- en una prisión en San Sebastián. En este sentido, Andrés Krakenberger afirmó: «Nos queda otra asignatura pendiente con Paco Larrañaga, condenado a 40 años por algo que no ha hecho».

«La meta es salir»

Cándido Ibar empezó sus palabras diciendo: «Pablo, gracias a Dios, se encuentra bien. Hasta donde yo sé», dejando ver que su hijo trata de ocultarle los aspectos más negativos de su situación. «Son ya trece años en pena de muerte... Se dice pronto», suspiró, señalando a continuación que «la meta es salir, sean 14 años o sean 20». Alegó que su hijo tuvo un juicio irregular, del que los propios abogados han reconocido las faltas. Y no pidió directamente su libertad, sino «una oportunidad para un nuevo juicio» para su hijo, que lleva «media vida en el corredor de la muerte».

En España la pena de muerte está prohibida por el artículo 15 de nuestra Constitución, «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». En otros países como EE.UU., China o la mayoría de los del mundo árabe, está vigente. En este sentido, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, señaló que EE.UU. y China son «superpotencias también en ejecuciones de penas de muerte» , y que hay 21 países que el año pasado ejecutaron penas de muerte judiciales. Tras recordar la existencia del error judicial, criticó la pena capital como «la más salvaje venganza de un Estado que nunca se podrá llamar soberano».

Por su parte, Emilio Ginés, presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España, alegó que la solución de la moratoria a la pena de muerte, impulsada por organizaciones como la ONU, « no vale, porque en algunos casos es un disfraz que envuelve una tortura, la cual sí está expresamente prohibida por el derecho internacional ». Pone como ejemplos testimonios que ha escuchado en cárceles de países como Mali: «Prefiero que me ejecuten a pasar este tiempo tan horrible, que ya llevo 10 o 12 años». Cabe recordar que la Iglesia Católica también condena la pena de muerte, así como el aborto y la eutanasia.