Urdangarín y su exsocio «actuaron con un desmedido ánimo de lucro», según el juez

Luego, para que esas importantes cantidades llegaran a los bolsillos de quienes diseñaban la trama utilizaban sociedades por ellos controladas para facturar todos los trabajos de Nóos . Es decir, se contrataban a sí mismos. Y para que esta operativa fuese posible era necesario que los responsables políticos se saltaran todos los controles legales en los acuerdos, con la justificación de que detrás de todo estaba el Duque de Palma. El resultado, una pérdida de unos seis millones de euros para las arcas públicas, solo en Baleares y la Comunidad Valenciana, parte de los cuales, además, eran sacados de España de forma opaca.

El juez Castro, en el auto en el que imponía a Torres y Urdangarín una millonaria fianza civil, lo explicaba con estas palabras, en las que al relatar el origen del Instituto Nóos escribía que «puestos de común acuerdo (Torres y Urdangarín) al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas el área de influencia que, real o de obligada imaginación, se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real...». Y más adelante concluía que la actuación de ambos «desvelará un desmedido ánimo de lucro».

El primer hito de la investigación fueron los registros realizados en noviembre de 2011 en las oficinas del Instituto Nóos en Barcelona por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y el reducido grupo de policías de la Jefatura Superior de Policía de Baleares que han trabajado a sus órdenes. La documentación allí intervenida fue clave para el posterior desarrollo del caso, como lo fue también la declaración que esos mismos días se tomó a Diego Torres, incapaz de aportar una sola respuesta coherente ante las preguntas del fiscal y llegando a afirmar en alguna ocasión que no contestaba por estar en juego la seguridad nacional.

El análisis de esa documentación, junto a la investigación previa —la petición de Anticorrupción al juez de entrada y registro a Nóos ocupaba medio centenar de páginas, cuyo contenido se ha cumplido casi al milímetro—, sentaron las bases para la imputación, en diciembre, de Iñaki Urdangarín. Su llegada a los juzgados de Palma una fría mañana de sábado se recordará siempre.

Antes de que se produjera esa declaración había sido también muy importante el testimonio de «Pepote» Rodríguez Ballester, exdirector de Deportes de Baleares y amigo personal de los Duques de Palma. Sobrepasado por las pruebas contra él, cambió su testimonio e implicó directamente a Urdangarín. También Jaume Matas, el expresidente balear, quedaba señalado desde el principio por haber ordenado que se saltasen todas las normas legales para que se firmaran convenios con el Instituto Nóos. En su caso no sería el dinero, sino el afán de protagonismo para aparecer con un miembro de la Familia Real, lo que le llevó a la imputación.

Cada paso de esta investigación ha sido diseñado al milímetro por el fiscal Horrach, con el apoyo del juez Castro, con una idea muy clara: en un caso como este no había margen para el fallo. La primera declaración de Urdangarín fue también decisiva, pues el trabajo de los encargados del caso permitió echarla por tierra prácticamente en su totalidad. No solo eso; ello abrió nuevas líneas de trabajo, en especial de la trama para sacar dinero fuera de España de forma opaca.

Dos asuntos han alterado desde entonces este caso: por una parte, los amagos de las defensas de Torres y Urdangarín para intentar llegar a un acuerdo, y por otra la sucesiva aportación a la causa de correos electrónicos por parte del primero.

En el primer asunto, Anticorrupción desechó cualquier acuerdo por la filtración interesada de unas entrevistas que iba a mantener en Madrid con los dos abogados por separado. A partir de entonces se decidió que si alguna vez había acuerdo, sería cuando estuviese formulada la acusación y con reconocimiento de los hechos.

El segundo ha sido más peliagudo, ya que el abogado de Torres ha intentado perjudicar la imagen de la Casa Real y forzar la imputación de la Infanta . También tuvo mucho que ver en esta actuación el hecho de que el letrado de Urdangarín se opusiera a que se levantara la acusación sobre la mujer de su exsocio, algo que este no perdona.El momento más delicado —para la Institución, no porque variara el rumbo de las pesquisas—, fue la aparición en escena de Corinna Sayn-Wittgenstein-Sayn, amiga de Don Juan Carlos, que provocó incluso la comparecencia en el Congreso del director del CNI.