La esperada Ley de Transparencia tiene por fin calendario

Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que la Mesa de la Comisión Constitucional ha decidido también que las comparecencias de expertos que están aportando al Congreso su visión sobre el proyecto terminen como muy tarde el próximo 24 de abril.

Precisamente este miércoles la Comisión Constitucional acoge cinco de estas comparecencias de expertos en relación con el proyecto de Ley de Transparencia. Rosana de Andrés, presidenta de la Asociación de Archiveros en la Función Pública, Elisa de la Nuez, miembro de la Coalición Pro Acceso, .Antonio Ruiz, representante de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental y Joan Navarro, Representante-Portavoz del Foro por la Transparencia, están citados a mostrar su visión de la nueva Ley ante el Congreso.

¿Dónde está la Ley de Transparencia?

El pasado miércoles 13 de marzo las organizaciones pro-transparencia «Access Info Europe», «Fundación Ciudadana Civio» y «Qué Hacen los Diputados» lanzaron una campaña en Twitter que instaba a preguntar a la Cámara Baja dónde estaba la ley de transparencia «228 días después de que entrara en el Congreso para ser debatida y tras 20 ampliaciones sucesivas del plazo para presentar enmiendas».

Las organizaciones pedían c onocer, al menos, el calendario con las fechas de las comparecencias de expertos pendientes de celebrarse y las fechas de las votaciones, así como la lista de los expertos que van a comparecer en el Congreso y la publicación de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

En el Debate sobre el estado de la Nación, Rajoy se comprometió a incluir a los partidos políticos en la futura Ley de Transparencia , una de las principales demandas de los grupos pro transparencia: «Propongo que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen también a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y, en general, a todas aquellas entidades que se financien fundamentalmente a través de fondos públicos», fueron sus palabras.

La Cámara aprobó entonces una resolución que pedía la incorporación a la futura Ley de los partidos, las organizaciones sindicales y empresariales y las «entidades e instituciones» que se financian esencialmente con dinero público, lo que CiU —autor de la enmienda y firmante de la propuesta aprobada— interpretó como una puerta abierta a incluir también a la Casa Real , algo que el PP desestimó inmediatamente.