La transparencia como cerco a la corrupción en los partidos políticos

España les sigue el paso, y la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que empieza su andadura parlamentaria se propone romper cada uno de los bloques de madera tras los que se ocultan las cuentas de las instituciones públicas para colocar en su lugar cristales. Pero en el anteproyecto por ahora quedan fuera los partidos políticos , principales actores de la democracia, representantes de la ciudadanía y, en demasiadas ocasiones, protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en España.

Según datos del World Economic Forum recogidos en Google Public Data, la transparencia gubernamental en España ha ido siempre por debajo de la de la «Europa de los 15» . Mientras que el 2011 España suspende en transparencia, con un 4.19, sus vecinos europeos obtienen un 4.86, frente al 5,51 de los países nórdicos, a la cabeza en transparencia y buen gobierno.

Transparencia y confianza van de la mano. Al menos, en la mayoría de países europeos. No parece ser el caso de España. Según datos de World Economic Forum, mientras que en Alemania, a medida que se han logrado mayoras cotas de transparencia también ha aumentado la confianza en los políticos, en España, mayor transparencia se ha traducido en una reducción de confianza . Bien porque la transparencia nace con deficiencias, bien porque ha permitido aflorar demasiados casos de corrupción, que han provocado que la desconfianza en quienes nos gobiernan haya sido mayor.

La ley de Transparencia y Buen Gobierno se ha estrenado ya en el Congreso. Desde que el Gobierno hizo público su anteproyecto, fue tan bienvenida por ser la primera en España como criticada por sus carencias . Entre sus virtudes está ser pionera y recoger que el acceso a la información pública no es una concesión del sector público a la ciudadanía, sino un derecho. La mayor de sus carencias, a ojos de las principales asociaciones por la transparencia de España, es que no incluye a los partidos políticos.

Desde tuderechoasaber.es, tras la que se encuentran Access Info Europe y la Fundación Civio, pioneras en defensa de la transparencia, solicitan al Gobierno que se incluya a los partidos políticos en la futura Ley de Transparencia. Han lanzado una petición en Internet que ya acumula casi 140.000 firmas (y subiendo). «Los partidos políticos se financian en su mayor parte con fondos públicos, y por lo tanto, deberían responder a las mismas exigencias de transparencia que cualquier otro organismo público», defienden en la petición.

Antonio Garrigues, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional de España (TI), sostiene que «una persona tiene que saber lo que ocurre en su ayuntamiento, en su parlamento regional, en sus instituciones». La lucha es técnicamente fácil, pero requiere del ingrediente más difícil: la voluntad política. «La época de borrachera española generó un clima de escándalos de corrupción», asegura. «La corrupción es el mayor obstáculo al crecimiento mundial».

La transparencia previene la corrupción, pero no la elimina. Manuel Villoria, de TI, recuerda que existen casos de ayuntamientos muy transparentes, pero también muy corruptos . A nadie pasó desaprecibido que el consistorio de Sabadell recibiera un 10 en transparencia dos años antes de que se destapara una presunta trama de corrupción en la que acabo siendo imputado el propio alcalde, Manuel Bustos. Pero hay una máxima: los países con más transparencia son también los menos corruptos, y son aquellos con mayor renta per cápita. «La correlación es fuerte, pero no infalible», afirma.

Villoria defiende que incluir a los partidos políticos en la Ley de Transparencia sería muy beneficioso para la salud democrática . «Existen grandes grupos de interés que pueden conseguir que se aprueben leyes que dañan el interés general solo porque financian a los partidos que las aprueban, por ejemplo», señaló.

Jesús Lizcano, el presidente de TI en España, lanza un mensaje claro y contundente a los partidos políticos: « Que se autoincluyan en la Ley de Transparencia, que den un paso adelante, si de verdad quieren un pacto anticorrupción» . También pide que se publique el patrimonio de las instituciones públicas y que el órgano de control de la Transparencia no dependa del Gobierno. El pasado miércoles presentó ésta y otras de las recomendaciones de la ONG que preside ante la Comisión Constitucional del Congreso que discute la futura ley.

Lizcano mantiene que los recientes casos de corrupción que se han destapado en España no favorecen la imagen del país y generan la sensación de que «aquí todos son corruptos» . Separar política de administración pública es un buen instrumento para acabar con la corrupción. En los ayuntamientos se dan los mayores casos porque es la administración menos meritocrática de todas y la más politizada, según defiende.

Pero la transparencia en las instituciones públicas no es solo responsabilidad de la clase política. También lo es de los funcionarios públicos. Villoria sostiene que lo ideal es crear un sistema que permita la denuncia abierta de presuntas actividades corruptas , con protección del denunciante. «Proponer un gran pacto anticorrupción y no depurar y aplicar leyes que ayuden a la transparencia es hacerse trampas a uno mismo», señalan desde TI.