Blanco podría ser el primer exministro en ir del Congreso al Supremo tras Barrionuevo

La elevación de suplicatorios en el palacio de la Carrera de San Jerónimos ha apuntado más arriba, al mismo vicepresidente Alfonso Guerra en 1983 y a dos ministros en ejercicio –el propio Barrionuevo en 1988, y en 1985 al entonces titular de transportes, Enrique Barón-, aunque ninguna de las tres tramitaciones prosperó. A Guerra intentó sentarle ante un juez por injurias y calumnias la UCD por haber dicho que la formación centrista pudo haber recibido dinero de un consorcio de seguros para su campaña electoral. El intento de procesamiento de Barrionuevo durante su etapa al frente de Interior fue por haber difundido erróneamente la fotografía del etarra Francisco Javier Soares Gamboa. Entre medias, Barón fue objeto de una querella por acusar a los controladores aéreos de «falta de patriotismo»

En ninguno de los tres casos la justicia pudo seguir su camino: el suplicatorio de Barón fue retirado y los otros dos fueron rechazados por los votos de sus Señorías. Eran otros tiempos. Hoy en los micrófonos del Congreso los portavoces presumen de que todas las solicitudes del Tribunal Supremo para procesar a parlamentarios se aceptan, pero no fue siempre así. Hasta la VIII Legislatura, en la que el PSOE de Felipe González gobernó con su segunda mayoría absoluta, abundaron las desestimaciones de suplicatorios, que salvaron del encausamiento a representantes fundamentalmente socialistas (8), aunque también figuran sendos diputados de PP, IU, PNV y de Euskadiko Ezquerra, a los que hay que sumar dos que se plantearon a nombre de un mismo diputado del partido Pueblo Canario Libre. De hecho, a ese periodo comprendido entre 1979 y 1989 corresponden los 14 suplicatorios que la Cámara Baja ha votado en contra del total de 48 que se han registrado en treinta y cuatro años de democracia. Otros 30 han sido aprobados, entre los que se cuentan los que hicieron perder el aforamiento a diputados de Herri Batasuna, el más famoso de ellos Jon Idígoras en 1990 y 1992 por presuntas injurias al Rey y a Felipe González respectivamente. El resto de casos ha decaído, caducado o inadmitido por diferentes motivos.

De la excepcionalidad de este acto parlamentario da cuenta el hecho de que, para que sus Señorías den vía libre o no a cada suplicatorio, se vota en pleno a puerta cerrada –lo que supone la suspensión previa de la sesión pública- y en urna, de modo que los diputados se puedan reservar el secreto de su pronunciamiento. Así al menos ha sido la semana pasada, cuando la Cámara Baja dio luz verde para investigar al parlamentario del PP Vicente Ferrer por conducir ebrio, o en el de José Barrionuevo, que abandonó el hemiciclo para no condicionar a sus compañeros de bancada en el momento en que depositaban las papeletas que luego permitieron su procesamiento. El Grupo Parlamentario Socialista concedió en aquella ocasión libertad para que sus miembros votaran en conciencia, lo que se tradujo en una profunda división de opiniones.

Las solicitudes del Alto Tribunal para que el Congreso autorice actuaciones contra los diputados se han ido deslizando cada vez más hacia la opacidad, como lo demuestra que hasta el año 2000 el nombre del parlamentario sobre el que se pedía a la Cámara autorización era público y ya no lo es. Desde entonces se han cursado cinco suplicatorios, el de José Blanco será el sexto, y si se conoce la identidad de los afectados es por vías ajenas a las oficiales.