Torres-Dulce llevará a la cúpula fiscal la decisión sobre la acusación de Blanco

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el asunto se llevará a la Junta de Fiscales de Sala, un órgano cuya función es «asistir» al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que lo preside, «en materia doctrinal y técnica». A la Junta, integrada por los fiscales de Sala (es decir, por la cúpula del Ministerio Público) pueden someterse a petición de cualquier miembro de la carrera los asuntos que «por su importancia o trascendencia» deba conocer el fiscal general.

Las últimas investigaciones sobre el patrimonio de José Blanco habrían puesto de manifiesto un incremento del mismo que no parece justificado si se compara con los ingresos declarados por el exministro de Fomento. Los indicios que apuntan a un posible enriquecimiento ilícito podrían constituir, añaden las fuentes citadas, un elemento clave para corroborar las acusaciones vertidas contra Blanco por Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón. Este empresario ha declarado que el exministro se cobraba los favores que realizaba, bien con comisiones en metálico, bien participando en el accionariado de distintas sociedades mediante testaferros.

La Junta de Fiscales de Sala, que se reunirá próximamente, analizará todos los datos reunidos por el magistrado de la Sala Segunda del Supremo José Ramón Soriano. Fuentes fiscales indicaron que la opción más probable hasta los últimos meses de 2012 pasaba por el archivo del procedimiento ante la falta de indicios consistentes para acusar formalmente a Blanco. El punto de inflexión se habría producido cuando el instructor recibió el resultado de las últimas diligencias ordenadas a la Policía.

De esas informaciones que, a instancias de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (Udef) de la Policía así como de la Fiscalía, el instructor solicitó a Hacienda el pasado mes de septiembre habrían surgido los indicios más comprometedores para Blanco.

Tanto la Policía como el fiscal sospechaban que Blanco hubiera podido pagar en metálico (con dinero negro) o utilizando «operaciones comerciales ficticias» entre sociedades «al menos» 230.000 euros del precio total de su vivienda de Las Rozas (Madrid). Y ello por el desfase entre el valor final de la compra, fijado en 670.000 euros, y el precio «real» del chalé, que ascendía a 900.000. Según la Udef, este hecho podría guardar relación con la red de empresas constituidas en Andorra en las que Blanco, según declaró Dorribo, tenía participación a través de testaferros.

Soriano preguntó a Hacienda si tenía constancia de que el exministro y otros imputados en la causa -como José Antonio Orozco (vicepresidente de Azkar e íntimo amigo de Blanco), Jorge Dorribo o Antonio Espiñeira (primo de Blanco)- hubieran realizado ingresos o reintegros de efectivo en billetes de 500 euros. También solicitó la declaración tributaria de las operaciones de compra-venta superiores a 3.005,06 euros realizadas entre 2006 y 2011 por las empresas Salut D`Innovació, Laboratorios Nupel o la empresa de electricidad del primo de Blanco. Al Sepblac (Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), el magistrado reclamó «cuantos antecedentes conozcan» respecto de una lista de 42 empresas y 22 personas físicas. Entre estas últimas figuraba también el exministro.

Los datos patrimoniales se suman a las sospechas fundadas de la Policía sobre las gestiones que el entonces ministro de Fomento habría realizado ante distintas administraciones para favorecer a sus amigos. Serían los dos grandes pilares de las pruebas contra Blanco.

En un informe del pasado mes de octubre, la Policía concluye que las gestiones que José Blanco efectuó a favor de Orozco para la construcción de una nave en terrenos anexos al aeropuerto de El Prat (Barcelona) «no se realizan por el interés de una autoridad del Gobierno de la nación por el desarrollo industrial de una zona o por la creación de 400 puestos de trabajo o porque forma parte de sus competencias. Todas esas gestiones se realizan a título particular para favorecer a un amigo al que conoce desde la infancia. Es decir, utiliza su posición como ministro de Fomento para favorecer la resolución de los expedientes a favor de los intereses particulares de su amigo tanto en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat como en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en AENA».

La Udef llegó a esa conclusión tras el minucioso análisis del cruce de llamadas y mensajes sms entre el entonces ministro y Orozco, que sumaron 37 entre el 30 de diciembre de 2010 y el 21 de junio de 2011. La primera de esas conversaciones se produjo quince días después de que Orozco se enterara de que los técnicos del Ayuntamiento de Sant Boi no veían con buenos ojos su proyecto. El 17 de febrero de 2011, Blanco confirmó a su amigo que «en 15 días lo de Cataluña está resuelto». El 10 de marzo, por sms, Orozco dio la noticia al ministro: «Acaban de darnos la licencia en Sant Boi. Muchas gracias por todo».

La Policía también examinó el expediente abierto en el ayuntamiento de la localidad barcelonesa para la construcción de la nave. Gracias a las gestiones de Blanco, afirma la Udef, se «consiguieron los resultados buscados, es decir, el otorgamiento de las licencias por el ayuntamiento y por tanto la construcción de la nave logística». En una de las conversaciones, que la Policía considera «bastante reveladoras», Orozco comenta a un interlocutor desconocido en febrero de 2011 que «siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país».