El Tribunal de Cuentas aclara que no quiere fiscalizar a familiares de políticos

Durante su comparecencia, Álvarez de Miranda ha salido al paso de las informaciones que a su juicio «han malinterpretado» el proyecto, al afirmar que plantea fiscalizar a los familiares «próximos de los miembros de los órganos máximos de dirección» de los partidos.

En este sentido, ha aclarado que el plan lo que establece es la obligación de los partidos de informar e incluir en su memoria las operaciones que realicen con dirigentes de la formación, familiares o empresas relacionadas con ellos, que se encuentran entre los sujetos y entidades definidos como «partes vinculadas». «Si un partido tiene operaciones con partes vinculadas, es el partido político el que, en función de una normativa de carácter general aplicable a entidades similares, tiene la obligación de en la memoria establecer la información sobre esas operaciones. Es exclusivamente un deber de información», ha dicho.

Asimismo, ha negado que exista el deseo o propósito de fiscalizar a familiares de líderes políticos, un extremo que ha asegurado que no es «ni una posibilidad» porque no entra en las competencias del Tribunal de Cuentas de fiscalizar a particulares. Igualmente, ha recordado que existe una normativa comunitaria que plantea la incorporación del concepto «partes vinculadas» a la legislación contable y fiscal y que obliga a hacer referencia a ese concepto en el proyecto.

Según el presidente del Tribunal de Cuentas, la definición de las «partes vinculadas» se realiza de forma similar a la del Plan General de Contabilidad de 2007, que, como en el actual proyecto, también incluye entre los aspectos a indicar en la memoria de los partidos información específica sobre dichas operaciones.

Ha recalcado que el que los partidos deban informar sobre sus operaciones con partes vinculadas, consideradas las que «puedan influirles, ya sean empresas, familiares u otro tipo de personas (...), en ningún modo implica atribuir al Tribunal de Cuentas competencias fiscalizadoras sobre los familiares» de los líderes políticos.

En su opinión, la inclusión de esa información en la memoria de los partidos es un deber al que no se puede renunciar porque, de acuerdo con las directrices comunitarias, es un «elemento básico de lucha contra la corrupción».

Con esta explicación, Álvarez de Miranda ha respondido a algunos de los portavoces que han intervenido en la comisión, entre ellos el del PP, el diputado Eloy Suárez, que le ha recordado que el Tribunal de Cuentas no tiene encomendada la fiscalización de particulares. «Debe dejarse constancia clara de que lo fiscalizable por el tribunal no son los familiares, sino posibles entidades vinculadas a una formación y que estén dirigidas por allegados», ha dicho el diputado popular, que ha expresado la conveniencia de que el se afine y precise la redacción del proyecto antes de aprobarlo

También el senador de CiU Ferran Bel ha coincidido con este argumento y ha considerado que al definir las «partes vinculadas» se comete un «exceso que podría llegar a la incongruencia». Tras su paso por el Senado, el plan debe ser aprobado de forma definitiva por el pleno del Tribunal de Cuentas, que deberá tener en cuenta las propuestas y resoluciones de los grupos aprobadas hoy en la comisión para mejorar el texto.